El proyecto de ley de Presupuestos 2024 entra a una etapa decisiva, luego de que a fines de la semana pasada la comisión especial mixta despachara el texto a la Sala de la Cámara, donde será analizado a partir de hoy.
La discusión ha sido intensa, como ha sido la tónica en los erarios anteriores, con foco en el nivel de endeudamiento del Fisco, las platas para Salud y Educación, y los espacios para mayor eficiencia en el sector público.
Este último es uno de los temas que abordó la Fundación San Carlos de Maipo en un reciente informe, donde advierte de deficiencias en la cobertura de los programas estatales destinados a los niños, niñas y adolescentes (NNA), así como un bajo alcance en la evaluación de estas iniciativas que realiza la Dirección de Presupuestos (Dipres).
En el reporte, se examinaron los 204 programas que están directa o indirectamente dirigidos a NNA durante el año 2021. Una primera hipótesis que se desprende del estudio es que existe una atomización de programas, donde varios de estos atienden poblaciones y problemas similares, generando duplicidad.
Asimismo, el análisis reveló que cuatro de cada cinco programas no logra atender ni siquiera a la mitad de la población a la que se destina, evidenciando que el tamaño de dichas políticas es "limitado" en relación con las necesidades identificadas.
Mientras que en términos de cobertura efectiva, se observó que uno de cada cinco programas no logra llegar ni siquiera a una quinta parte de la población a la que se propuso asistir durante ese año.
"El análisis de la oferta pública dirigida a niños, niñas y adolescentes, a excepción de contadas excepciones, se caracteriza por la presencia de programas con presupuestos reducidos, cobertura limitada, y con considerables desafíos en cuanto a evaluación de diseño, seguimiento y evaluación de los resultados", señala el gerente de Desarrollo de la fundación, Rafael Rodríguez.
Baja evaluación
En el período 2013 a 2022, únicamente 207 programas a nivel central fueron sujetos de alguna de las evaluaciones solicitadas por la Dipres, lo que equivale a solo uno de cada tres que están actualmente en vigencia. Para el año 2021, según el análisis, de los 204 programas dirigidos a NNA, solo el 20% pasó por algún tipo de evaluación requerida por la Dipres.
Dentro de este grupo, el 34,22% del presupuesto ($ 1 de cada $ 3) se destinó a programas con un desempeño considerado suficiente; el 26,75% ($ 1 de cada $ 4) a programas con resultados intermedios, y $ 1 de cada $ 5 a programas con resultados malos o deficientes (la suma de las categorías "desempeño insuficiente" y "mal desempeño").
El total del erario que estuvo destinado a NNA fue de $ 27.831.391 millones, promediando $ 130 millones por programa, dando una inversión por niño de $ 6 millones al año. O sea, $ 500 mil mensuales, lo que equivale a un 35% del presupuesto total del Gobierno. Sin embargo, si se descuenta el monto destinado a Educación, el valor mensual por niño sólo alcanza los $ 350 mil, advierte la fundación.
Mejoras a realizar
La investigadora de la Fundación San Carlos de Maipo, Isabel Contrucci, plantea que de cara a considerar mejoras, es importante avanzar en el levantamiento de datos actualizados que permitan identificar y cuantificar a los distintos grupos.
"En algunos casos, las bajas coberturas pueden tener relación con déficit presupuestarios o reflejar problemas de ejecución y, por tanto, es necesario evaluar los procesos de identificación de beneficiarios, canales de información, etc", señala.
Respecto a la baja cobertura de las evaluaciones, Contrucci cree que esto se da principalmente debido a que el costo de evaluar en profundidad un programa es alto en comparación al presupuesto ejecutado de manera directa. "Por ello, comúnmente se opta por evaluaciones de programas de alto presupuesto, o bien que presentan fallas o carencias, de modo que la evaluación entregue luces respecto de caminos de mejora".
Mientras que el gerente general de la organización, Marcelo Sánchez, considera que un buen sistema de evaluación y monitoreo debiera dar paso -también- a un rediseño de la oferta que no esté funcionando y "eventualmente, de persistir los malos resultados, a eliminarla".
"El mayor retorno social de la inversión pública está precisamente en todo aquello que signifique mejorar las capacidades y condiciones de vida para la niñez. La Casen nos mostró que existen grupos etarios en el segmento infantil que han aumentado su nivel de desigualdad en la capacidad de reducir la pobreza", enfatiza.
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