Tras los polémicos casos Penta, Dávalos y SQM, parlamentarios del oficialismo y de la oposición, han acercado posturas sobre cómo regular la relación entre política y el dinero. Sin embargo, ayer el Senado dio la primera señal palpable de un consenso transversal de todos los sectores políticos, luego de votar un proyecto de acuerdo que contiene una propuesta de 20 puntos en la materia.
El documento, dirigido a la presidenta Michelle Bachelet, contiene una petición de poner suma urgencia a las iniciativas sobre el tema, que hoy están en el Congreso .
Por otra parte, algunas de las propuestas levantadas por los senadores, tienen que ver con que a los dirigentes de partidos se les obligue a declarar su interés y patrimonio, y que se les aplique la Ley de Lobby. También, que no se reajuste el sueldo a altas autoridades del Estado. En materia de sanciones, se estipula la pérdida del escaño ante el financiamiento ilegal, y disolución –según gravedad- de partidos que registre falsas militancias.
El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), afirmó que "como Parlamento tenemos que legislar de tal forma que nos duela, es decir, autoridad que incurra en infracción grave, que le cueste el cargo".
Además, el Senado se prepara para legislar a ritmo acelerado sobre una materia en que impera la urgencia. Con ese objetivo es que los comités aprobaron por unanimidad la creación de una Comisión Especial de Probidad y Transparencia, que trabajará de forma paralela a las comisiones de Gobierno y Constitución.
Y según el cronograma de Walker, la nueva instancia comenzará por el proyecto que da rango constitucional al derecho al acceso a información, mientras la comisión de Constitución hará lo suyo con la iniciativa que establece el límite a la reelección. En tanto, la comisión de Gobierno empieza hoy con el texto de Probidad Pública.
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