La empresa Copec arremetió con todo en el juicio que mantiene con el Fisco de Chile, a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE), tras la expropiación de un terreno donde se ubicaba una estación de servicio en el barrio El Golf de Santiago.
La disputa se desató luego que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decretara la expropiación del emblemático paño de 1.725 metros cuadrados. Éste está ubicado en el triángulo formado por las Avenidas Andrés Bello, Vitacura e Isidora Goyenechea, frente a la embajada de Estados Unidos, donde por año funcionó el servicentro. En el terreno se desarrollará la estación Isidora Goyenechea, una de las 19 paradas de la futura Línea 7 del Metro.
El Fisco inició un litigio tras acusar que, a su juicio, se estaría pagando a Copec un valor superior al correspondiente por la expropiación del terreno donde se ubicó una de las estaciones de servicio más emblemáticas del sector oriente de la capital. Apuntó a un “error en el cálculo” de la comisión tasadora, pues, dijo, “ahí no se puede construir nada”.
La comisión fijó una indemnización de $ 4.226 millones por la superficie total del paño en cuestión, mientras que el Fisco plantea un pago de $ 2.201 millones y el expropiado pide poco más de $ 6.972 millones.
Ahora, Copec -representada por el abogado Alberto Dalgalarrando Brito- dijo en una presentación ante la justicia que no existe afectación a utilidad pública “y que las verdaderas condiciones normativas del terreno permiten el desarrollo de un proyecto inmobiliario de aproximadamente 15 pisos y de hasta 5.390 metros cuadrados de superficie, lo que excluye de plano que éste pudiera ser calificado de inútil; a lo que debe sumarse que el terreno perfectamente podría haber seguido siendo utilizado o haber sido vendido para que un tercero explotara la estación de servicios”.
El jurista señaló que durante este proceso se ha afirmado que el terreno de Copec “prácticamente no serviría para nada y, en realidad, lo que ocurre es que la Municipalidad de Las Condes, quien ha elaborado los Certificados de Informes Previas (…), no tiene la más mínima idea de lo que se puede, o no, construir en él”. Añadió que “las declaraciones del Fisco de Chile y la prueba que acompaña sobre la situación es absolutamente confusa, errónea y contradictoria; una verdadera nebulosa".
Con todo, Dalgalarrando afirmó: “El hecho cierto es que haciendo un análisis exhaustivo del Lote N° 68L7 sólo se puede concluir que éste no está afecto a utilidad pública y que, en realidad, en el sí se puede desarrollar un proyecto inmobiliario”.
El abogado dijo que las peritas del Fisco de Chile fundan la supuesta utilidad pública del terreno en normas urbanísticas que no están vigentes porque -aseguró- fueron expresamente derogadas el año 1994, cuando entró en vigencia el Plan Regulador Metropolitano de Santiago que vino a reemplazar al Plan Intercomunal de Santiago y sus documentos asociados.
En el proceso, y luego que cada parte nominara un perito para entregar una tasación al juzgado que lleva la causa, las partes ampliaron sus -millonarias- diferencias: mientras el experto designado por la empresa (el arquitecto Guillermo Condemarin) determinó una indemnización de $ 7.229 millones por el paño en cuestión, su contraparte elegida por el Estado (la arquitecta Angélica Seura) la fijó en $ 1.225 millones.
“El informe del perito Guillermo Condemarín, validado por la declaración de los testigos de esta parte, no tachados y que dieron razón de sus dichos, demuestra que las UF 145 por metro cuadrado que se demandan están absolutamente demostradas y constituyen la única forma de indemnizar a esta parte en el daño efectivamente causado por la expropiación”, aseguró el abogado de la compañía ligada al grupo Angelini.
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J. Troncoso Ostornol
