Hace solo unos meses, la Contraloría General de la República reveló que del total de denuncias ingresadas entre enero de 2016 y mayo de 2019, un 44,22% no tuvieron asociada alguna gestión por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente.
Y el 30 de julio pasado, la entidad liderada por Jorge Bermúdez volvió a la carga. Esta vez, con un duro informe a partir de una auditoría sobre la gestión, manejo y control de las áreas protegidas del Estado, cuyo análisis derivó en el mandato a las entidades involucradas de un plan de acción que deberán remitir al organismo en 60 días hábiles.
En concreto, asegura que la ausencia de un marco regulatorio unitario sobre esta materia ha permitido una “gestión desarticulada” y que la falta de una política pública coordinada entre los servicios ha generado dificultades de manejo de los territorios protegidos “manteniendo en riesgo el efectivo cumplimiento de los objetivos de conservación y protección de la biodiversidad”.
Fueron seleccionadas 143 de las 191 áreas protegidas declaradas a diciembre de 2019, tanto terrestres como marinas, y específicamente aquellas gestionadas por los órganos de la administración del Estado.
Entre sus principales resultados, el organismo constató que 54 de las 143 áreas protegidas analizadas no poseen un instrumento que oriente su administración, gestión y/o manejo. De ellas, 39 están en proceso de elaboración a junio de 2020. Mientras, 89 áreas protegidas cuentan con un instrumento para los fines antes mencionados, y de esta cifra, ocho planes están en proceso de actualización.
Planes desactualizados
El organismo evidenció que la falta de este instrumento está relacionada directamente con la disponibilidad de presupuesto y personal para su elaboración. Además, se advirtió que “no existen lineamientos comunes para elaborar tales planes entre los diversos órganos de la administración del Estado, lo que dificulta contar con antecedentes que permitan compartir y determinar la efectividad de las acciones”.
Se alude a planes de manejo desactualizados. Por ejemplo, de las 81 áreas protegidas administradas por Conaf -parque, reserva nacional y forestal y monumento natural- que cuentan con un instrumento de manejo a junio de 2020, los planes de 42 de ellas no guardan coherencia con los objetivos de creación. Mientras, para los 39 áreas administradas por esta entidad que cuentan con un instrumento de manejo, responden a los objetivos aunque es necesario evaluar la efectividad por su antigüedad.
La falta de implementación de los instrumentos de manejo vigentes es otro elemento en juego. La Contraloría determinó que a junio del año pasado cuatro áreas protegidas no han implementado su plan de manejo debido a que éstas no cuentan con una administración efectiva (personal y recursos asignados). Asimismo, 17 áreas protegidas reportan una implementación entre 60% y 90%, 28 entre 30% y 60% y 34 entre 0 y 30%.
De hecho, se constata recursos insuficientes para gestionar, manejar y administrar las áreas protegidas declaradas por el Estado y dependencia de recursos externos. Por ejemplo, sobresalen los parques y reservas marinas bajo la tuición del Sernapesca que -al no contar con un presupuesto propio- solicita a la Subpesca recursos a través de los fondos para la investigación pesquera y de acuicutura y el fondo de administración pesquera.
También, se verificó que no se ha definido el sistema de indicadores para evaluar la implementación de las metas del Plan de Acción de Áreas Protegidas de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030.
¿Cuál es el espacio?
Además, se constató que la subsecretaría del Medio Ambiente no ha definido los criterios para identificar y evaluar el porcentaje del espacio abarcado por áreas protegidas que corresponde a superposiciones entre diferentes categorías de conservación. Esto genera que los antecedentes presentados oficialmente a la Convención de Diversidad Biológica y a la ciudadanía no informen adecuadamente.
De hecho, entre las diversas recomendaciones, una de las más relevantes dirigida a la subsecretaría del Medio Ambiente es actualizar y fortalecer el Registro Nacional de Áreas Protegidas. Esto, ya que este instrumento contiene información desactualizada relativa a los límites oficiales de dichas áreas, posee discrepancias de información en materia de superficie y de deslindes de las unidades, entre lo establecido en los decretos de creación y su realidad física. Además, recalca, no se corresponde con la información oficial de Bienes Nacionales.
En específico, se sugiere a la Conaf evaluar y priorizar las áreas protegidas que requieren elabortar y actualizar sus planes de gestión. Y a la Subpesca recomienda que establezca mecanismos de financiamiento y/o estrategias que aseguren la gestión efectiva de las áreas marinas bajo su tuición.
Expertos: "Es desolador respecto
de las acciones efectivas de gestión"
A juicio de los expertos, el documento de la Contraloría vuelve a reafirmar conclusiones que se han sostenido por años, pero que aún no han sido abordadas del todo por las autoridades. Para el jefe del área medio ambiente de Elías Abogados, Jorge Cash, este nuevo informe es "desolador respecto a las acciones efectivas de gestión y resguardo de nuestras áreas protegidas por parte del Estado". Esto, principalmente porque 54 áreas protegidas no poseen un plan de manejo y en 50 no se realiza actividad alguna de monitoreo.
A esto suma que "tampoco existe claridad de las áreas protegidas superpuestas, lo que implica desconocer la superficie total y efectiva de territorio protegido, entre otros hallazgos extraordinariamente preocupantes respecto a la protección de nuestras áreas protegidas". Este último punto es clave -según abogados- para los privados a la hora de invertir.
Según Cash, una de las consecuencias naturales del actuar de la Contraloría "debería ser la aprobación inmediata del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) junto al inicio de una discusión profunda y seria respecto a la revisión y creación de una nueva institucionalidad ambiental de cara a los desafíos del país del año 2030".
Con 11 años de discusión sobre el tema, el proyecto que busca crear el SBAP está actualmente en su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
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