El próximo 28 de octubre, a instancias del Centro Competencia (Ceco), que dirige el exfiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, se darán cita varias autoridades de la libre competencia para empaparse de los resultados de una investigación en que por primera vez se analiza los siete años en que lleva operando en el país el sistema de control de fusiones obligatorio.
En rigor, se trata de dos informes. El primero fue elaborado por el economista y consejero económico del Centro de Competencia (CeCo), Claudio Agostini, junto a Ricardo Santolaya y Enzo Faulbaum, y realiza un análisis cuantitativo. En el segundo, desarrollado por Francisca Levin, exjefa de la división de fusiones de la FNE, se abordan casos a la luz de interrogantes tan variadas como cuándo procede el alzamiento de medidas de mitigación; el tratamiento a los mercados digitales; o cómo debe abordarse una fusión cuando se está en presencia de una firma en crisis. Y también analiza casos en que, ante un mismo proceso, hubo decisiones diferentes en Chile y el extranjero, como ocurrió con la fallida compra de Cornershop por parte de Walmart, que en Chile se aprobó y en México no.
El 67% de las fusiones viene de operaciones entre empresas chilenas; 15% son empresas extranjeras; 14% una foránea que compra una firma local; y 5% una chilena que compra a una extranjera.
FNE aprobó 88% de los casos sin medidas
El primer informe considera la construcción de una base de datos de todos los casos vistos por la FNE, tomando como período de análisis 2012 -2023, diferenciándolos en dos períodos debido a la reforma introducida en 2016, que dejó atrás el período de consultas voluntarias por fusiones, a ser un sistema con control obligado bajo ciertos umbrales de venta de los protagonistas de una concentración, norma que entró en vigor el 1 de junio de 2017. En total, son 299 casos; 52 son del período pre reforma y 247 post reforma.
Los resultados muestran que en el período pre reforma, el 75% de los casos fue aprobado sin medidas de mitigación. Post reforma, subió la aprobación sin medidas al 88,26% de los procesos analizados; mientras un total de 10,93% fueron “desafiadas”; 9,31% fueron aprobados con medidas de mitigación y 1,62% rechazadas, 4 de 247 casos. Hay un saldo de 0,81% desistidas por las partes. Dicha tasa de rechazo es superior a la de la OCDE, que alcanzó el 0,2%.
Al respecto, Claudio Agostini expone que el mercado chileno es de menor tamaño, lo que hace más probable que una fusión tenga riesgos anticompetitivos importantes.
En el desglose, el documento muestra que de los 247 casos analizados post reforma 2016, los aprobados en Fase 1 del análisis llegaron al 92,7% (229 casos), siendo autorizados sin medidas de mitigación 212 casos y, con medidas, 17. Solo el 7,3% de los procesos pasaron a Fase 2 (18 casos). Según el informe, esto sugiere que la autoridad chilena parece tener criterios más exigentes que sus pares OCDE, en que solo 5% de las fusiones pasan a Fase 2.
El análisis también mostró que pasó en el TDLC entre 2004 (cuando debutó ese organismo) y 2023. En 27 casos analizados, 55,56% fueron aprobado con medidas, 18,52% sin medidas y 11,11% rechazados. O sea, hay un mayor porcentaje de operaciones “desafiadas”, lo que atribuyen a que allí llegan los casos más “riesgosos” para la competencia, dado que pre reforma, con un sistema voluntario, acudían los de mayor riesgo anticompetitivo, y post reforma de 2016, van los casos rechazados por la FNE.
Plazos y sectores
El documento también abordó el tiempo que tarda la FNE. Contando desde la entrega de los primeros antecedentes hasta la decisión del organismo, los días promedio bajaron de 203 días corridos que tardaba en el período pre reforma 2016 a 88 post reforma, es decir, bajó en 115 días el tiempo del trámite. El que más tardó post reforma fue el de EssilorLuxxottica (GMO, Econópticas) con GrandVision (Rotter & Krauss), que demoró 420 días corridos.
Por sectores económicos, transporte lidera (44 casos), seguido del rubro financiero (38) y luego alimentos y bebidas (28). Telecomunicaciones gana en cuanto a imposición de medidas de mitigación, con el 53% de 13 casos revisados.
En salud, se han rechazado dos operaciones: una de concentración de dos centros clínicos en Iquique y la compra de las Isapre Colmena por parte de Nexus- Nueva Masvida, caso que a través de un recurso de queja en la Corte Suprema se dio vuelta y fue aprobado, aunque la operación no se concretó.
“Esto plantea la pregunta de si es realmente un eficiente diseño institucional que existan tres instancias de revisión sustantiva de una transacción, en un sistema que debe operar con la misma agilidad que los negocios que evalúa”, opina Francisca Levin.
¿De dónde provienen las concentraciones? El 67% de las fusiones viene de operaciones entre empresas chilenas; 15% son empresas foráneas; 14% una extranjera que compra una firma local; y 5% se trata de una chilena compra a una extranjera. A juicio de Felipe Irarrázabal, el sistema ya está bastante consolidado y su evaluación es positiva.
“Es un caso de ‘permisología exitosa’”, dice, porque permite la intervención del Estado, pero actuando rápido y con discusiones que se centran en temas esencialmente técnicos, “alejados de los encendidos discursos políticos”.
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