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REGÍSTRATE AQUÍ"Es urgente ir reforzando la institucionalidad para perseguir los objetivos que se buscan", expuso el presidente de Antofagasta plc.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 6 de abril de 2015 a las 11:29 hrs.
El presidente de Antofagasta plc, Diego Hernández, explicó hoy que si bien la baja en inversión del sector minero se debe a un tema de precios, las condiciones de seguridad, especialmente jurídicas, que ofrece el país, son también un factor relevante.
"En buena parte es atribuible al precio y en buena parte es atribuible a que Chile hoy día no ofrece las mismas condiciones de seguridad que ofrecía antes", aseguró en entrevista con radio Duna.
De ahí también que explicara que las mayores amenazas para el sector son tanto la relación con las comunidades donde están emplazados los proyectos, como la institucionalidad y estado de derecho.
"No basta con cumplir con la ley. Ahora hay que trabajar en conjunto con las comunidades por objetivos comunes", expuso el ex vicepresidente de Codelco.
Respecto a la institucionalidad, aseguró que "es un tema nuevo, que estamos enfrentando y que nos deja bastante desconcertados".
"Es urgente ir reforzando la institucionalidad para perseguir los objetivos que se buscan", añadió.
Por otra parte, el ejecutivo de Antofagasta Minerals criticó que la legislación ambiental, en su génesis, no fue producto de un debate país.
"Chile se quedó atrás en la legislación ambiental y en los años 90 el país tuvo que ponerse al día y eso se hizo de arriba hacia abajo. Se miraron legislaciones ambientales de otros países y finalmente se decidió 'esta es la legislación que tenemos que tener', pero no fue producto de una discusión nacional", aseguró.
El organismo denunció subdeclaración de impuestos en contra de Francisco Coeymans, Ignacio Amenábar, Antonio Guzmán y Marcelo Rivadeneira, y, en tres casos, omisión maliciosa de declaración de renta.
Un informe de la CChC estima que el país deberá destinar el equivalente al 7,3% del PIB anual para cerrar brechas en transporte, energía, agua, salud y conectividad digital durante la próxima década.
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
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