La tramitación de la ley corta de isapres no atraviesa su mejor momento. El proyecto tiene por objeto aplicar el fallo de la Corte Suprema por tabla de factores, instruyendo el método para realizar las devoluciones a afiliados y a la vez generando un mecanismo para que las aseguradoras puedan retomar el equilibrio financiero.
Sin embargo, esto último ha crispado la conversación política, sobre todo luego de que una simulación de la Superintendencia de Salud estimara la deuda del sistema en US$ 1.180 millones, lo que implicaría alzas de hasta un 40% -en el peor de los casos- en el precio de los planes para que las empresas estabilicen sus flujos.
Lo anterior llevó a que la Comisión de Salud del Senado, tras ocho meses, despachara el proyecto sin aprobar el artículo que permitía ese reajuste extraordinario. Con ese panorama inició este lunes la revisión de la ley en la Comisión de Hacienda del Senado, que también tendrá que visar la norma. En la sesión, no solo algunos parlamentarios mostraron su disconformidad, sino que también lo hizo el exsuperintendente de Salud, Manuel Inostroza.
“La ley corta de isapres y su actual articulado e indicaciones no evitan la caída de los planes de isapres, solo intentan tarde y mal administrar sus consecuencias”, lanzó el académico de la Universidad Andrés Bello.
Insistió, al igual que algunos senadores de oposición, a calcular la deuda del sistema en base a mutualización o usando un “pivote promedio hombre-mujer”. Esto, dijo, reduciría la deuda a entre US$ 450 millones y US$ 480 millones, quitando presión al reajuste único. Además, llamó a que el ajuste de precios base por tabla de factores se aplique solo a los planes de afectados y no a los que ya ajustaron sus precios base desde abril de 2020 y, en paralelo, a cambiar el modelo de negocio para avanzar en materias de seguridad social.
Más reparos al proyecto
La misma mañana de ayer lunes, Clapes UC desarrolló un webinar en que distintos actores plantearon que la ley “se queda corta”.
En ese evento, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Ana María Arriagada, afirmó que la crisis de las isapres “puede afectar la estabilidad de los dos sistemas (...) nos interesa que haya prontas certezas para la gente que está en el mundo de las isapres y también para el mundo médico”.
Cristián Baeza, quien fue secretario técnico de la Comisión para la Reforma a la Salud, dijo que la ley corta “no da garantía a los usuarios de que los precios finales no van a subir desmedidamente” y dijo que el proyecto es insuficiente, tanto en el fortalecimiento de Fonasa como para la viabilidad financiera de las isapres, lo que podría generar incentivos perversos para el mercado.
“En cualquier caso, estamos frente a consecuencias de envergadura mayor no solo en los proveedores de salud, sino especialmente en millones de usuarios del sistema privado y de Fonasa, y en un potencial uso mayúsculo de recursos fiscales, como ha advertido el Consejo Fiscal Autónomo”, alertó el exministro de Hacienda, Felipe Larraín.
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Martín Baeza
