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Publicado: Viernes 11 de julio de 2014 a las 05:00 hrs.
Funcionarios del gobierno argentino delinearon una propuesta de pago a los fondos buitre con la que intentarán sortear la cláusula RUFO de los bonos de la deuda reestructurada que prohíbe elevar la propuesta de los canjes de 2005 y 2010. La opción consiste en establecer un mecanismo que permita activar el pago de la sentencia por US$ 1.500 millones desde el primero de enero.
La propuesta de pago que está en estudio busca entregar a los holdouts un bono pagaré intransferible, que quedaría en poder de los acreedores hasta el primer día de 2015, cuando vence la cláusula RUFO.
Esos pagarés luego se cambiarían por bonos negociables, que los fondos buitre podrán trasformar rápidamente en efectivo en los mercados, como hizo Repsol con los títulos que recibió como pago por su parte de YPF.
La cláusula RUFO dispone que el gobierno debe igualar a quienes entraron al canje cualquier oferta superior que hubiera hecho a otros acreedores privados.
Este es el principal escollo para efectuar una propuesta de pago a la sentencia del juez Thomas Griesa a favor de los fondos NML Capital, Aurelius y otros por US$ 1.330 millones, que con intereses supera los US$ 1.500 millones.
Griesa ordenó pagar esa suma en efectivo y de una vez antes de que el país continúe con sus pagos.
La AFC advirtió que el cambio reducirá los recursos que gestionará y, con ello, sus ingresos. María Paz Hidalgo explicó que, ante modificaciones legales anteriores, estas compensaciones se han pagado con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.