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Estimados lectores:
Las semanas antes del 18 de octubre la agenda política y la cobertura de medios giraban en torno a la emergencia hídrica. Se repetían las imágenes desoladoras de animales sin agua para sobrevivir y los testimonios de pequeños agricultores que se entregaban a la idea de dejar morir sus campos.
Nada de eso ha cambiado, ni se han mejorado las perspectivas de mediano plazo, solamente que lo hemos dejado en segundo plano. Ante varias alertas nuevas, en el Diario Financiero decidimos que pese a lo copado de la agenda este inicio del 2020 en materia de preocupaciones macroeconómicas intentas y externas, le pondríamos acento a la crisis del agua en Chile.
Es así, como habrán visto nuestros lectores habituales es que en diferentes secciones estamos abordando los desafíos. Pequeñas desaladoras como alternativa para abastecer a comunidades costeras, compromisos voluntarios de las empresas en materia de consumo de agua y los avances en la mesa convocada por el Presidente hace unos meses para abordar el tema.
El tema solamente se complejiza al cruzarse con la discusión de fondo sobre los derechos del agua, que algunos abogan por redefinir en uno de los temas constitucionales que más atención atrae.
Les dejo a continuación algunos de los artículos recientes de DF en el tema para sumar aristas.
Marily
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.