En los últimos 34 años de democracia en Chile, las acusaciones constitucionales contra ministros de Estado han sido una herramienta significativa para la disciplina política. Efectivamente, no se trata sólo de simple (y valiosa) ecuanimidad y justicia. Se trata de una herramienta de balance de poder que, si funciona bien, puede considerarse una pieza clave de una democracia desarrollada y liberal.
Sin embargo, llama la atención que entre los años 2018 y 2023 se presentaron 12 acusaciones constitucionales contra ministros, es decir, casi la mitad de las 25 acusaciones presentadas a ministros desde el retorno a la democracia. Pareciera, por lo menos desde una mirada superficial, que la herramienta se ha ido degradando y ha perdido la utilidad que alguna vez tuvo.
Si bien este instrumento es crucial para la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes, su uso excesivo o motivado puramente por intereses políticos puede debilitar la estabilidad gubernamental y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Esta tendencia plantea entonces preguntas sobre las variables que influyen en este declive y cómo por qué ha ocurrido de esta manera.
Un estudio reciente, elaborado por Andrés Henríquez, realizó un análisis formal de los incentivos entre los diferentes actores que participan del proceso y utilizó una base de datos con información histórica relevante para tratar de entender este fenómeno. A partir de este análisis, se identificaron varias correlaciones significativas (y se desecharon varias otras).
Primero, se observó que una menor aprobación del Gobierno está correlacionada con un mayor número de acusaciones constitucionales presentadas. La media de aprobación cuando no se presenta una acusación constitucional es de 41,9%, mientras que cuando sí se presenta, la aprobación media cae a 33,4%. Esto sugiere que los gobiernos con baja aprobación son más vulnerables a enfrentar acusaciones constitucionales.
Segundo, tal como se espera, un mayor porcentaje de oposición en la Cámara de Diputados también está correlacionado con un mayor número de acusaciones constitucionales. Esto es lógico, ya que una oposición fuerte y numerosa tiene más incentivos y capacidad para desafiar al Gobierno y utilizar la herramienta de la acusación constitucional como un medio para ejercer presión política y controlar el poder Ejecutivo.
Tercero, se encontró una relación positiva entre el número de acusaciones presentadas y el número de partidos políticos dentro de la Cámara de Diputados. Un parlamento con más partidos y menos concentración de poder puede llevar a una mayor fragmentación y competencia política, lo que puede resultar en un mayor uso de acusaciones constitucionales como una estrategia política.
En resumen, la proliferación de acusaciones constitucionales en Chile en los últimos años puede explicarse -en parte- por una combinación de baja aprobación gubernamental promedio, una oposición fuerte en el Congreso y un parlamento fragmentado con múltiples partidos políticos. Estos factores crean un entorno propicio para el uso de acusaciones constitucionales como una estrategia política, más allá de un mecanismo de control efectivo entre poderes del Estado.
Cabe preguntarse entonces si ha pasado algo en los últimos años que pueda haber producido un ambiente propicio para que se den los factores que incentivan las acusaciones constitucionales. Pueden ser muchas las razones, sin embargo, en mi humilde opinión, el cambio al sistema electoral chileno -con el fin al binominal- ha sido fundamental en el deterioro de la fortaleza institucional chilena, creando un entorno más propenso a la fragmentación política y, consecuentemente, a un mayor uso de las acusaciones constitucionales. Este cambio ha llevado a un aumento en el número de partidos políticos representados en el Congreso, dificultando la formación de mayorías estables y fomentando el uso de herramientas de control político como las acusaciones constitucionales para ganar pequeñas y mezquinas ventajas estratégicas.
Además de tener diputados con incentivos de corto plazo que impiden el debate político serio, es posible afirmar -basado en el análisis económico y estadístico- que el actual sistema electoral ha degradado instrumentos claves para el desarrollo institucional como son las acusaciones constitucionales. Por eso es clave que muy pronto tengamos una reforma electoral que implemente un sistema que promueva los acuerdos y la ponderación, más que la confrontación y el extremismo.
Sin perjuicio de lo relevante del cambio al sistema electoral, también se podría avanzar en modificar las acusaciones constitucionales para que sean una mejor herramienta de control al poder del Estado y no queden expuestas a simples presiones políticas de corto plazo. Una primera alternativa tiene relación con aumentar los requisitos para presentar y para aprobar las acusaciones constitucionales.
Para presentar una acusación constitucional hoy se necesitan más de 10 diputados y menos de 20. Si se quiere volver hacer de esta herramienta un instrumento eficaz de control político, entonces se debería aumentar por lo menos a un número entre 20 y 30 (considerando el número actual de diputados).
Por su parte, para la aprobación de la acusación hoy se exige la mayoría simple de la Cámara para las acusaciones contra el Presidente o Gobernadores, y la mayoría de los diputados presentes para aprobar las acusaciones el resto de las autoridades contempladas en la Constitución. Parece de sentido común que se tenga que elevar el quórum a 3/5 o 4/7 de los diputados para aprobar una acusación.
Otra alternativa más controversial -y que requiere más estudio- es dar atribuciones a los otros poderes del Estado en el trámite del proceso. Por ejemplo, si la acusación es contra un ministro o el presidente, ésta debe ser aprobada por la Cámara de Diputados, ratificada por el Senado -tal como funciona ahora-, pero con un informe no vinculante de la Corte Suprema.
¿Qué más se necesita para que de una vez por todas logremos retomar la senda al desarrollo que hace no tanto transitábamos? Cada vez parece más claro que si queremos aumentar la inversión, reducir la pobreza, y construir una sociedad más justa y desarrollada, entonces lo primero que tenemos que hacer es arreglar la política. Sí, arreglar el sistema político es, en mi opinión, la política pública más urgente.
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