Una de las misiones de la administración del Presidente José Antonio Kast será continuar con la implementación de la reforma al sistema de pensiones.
Mientras que el Gobierno anterior ejecutó el alza de la cotización y la entrada en vigor de algunos beneficios, entre otras disposiciones, el foco del proceso durante estos años serán las exigentes modificaciones a la industria previsional que estableció la ley.
Por ello, La Moneda apostó por el ingeniero comercial Joaquín Cortez para encabezar la Superintendencia de Pensiones, quien es un viejo conocido del sector, con pasos por la gerencia de inversiones de AFP ProVida, en directorios de empresas relacionadas con AFP Habitat y como presidente del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Y ya comenzó a mover sus fichas. De acuerdo con fuentes de la industria, la semana pasada Cortez se reunió con representantes de algunas de las siete administradoras que componen el sistema, en distintas oportunidades.
El supervisor las habría convocado mediante oficio, por lo que no corresponde su registro bajo la Ley de Lobby. De hecho, la única reunión que hasta ahora está anotada en esa condición es una con el gerente general de AFP Habitat, Max Sichel, el 31 de enero, encuentro de carácter protocolar.
El objetivo de la convocatoria por parte de Cortez fue conocer de primera mano el estado de avance de la implementación de la reforma, en lo que corresponde a las AFP.
Consultada la Superintendencia de Pensiones, confirmó los encuentros: “Se han realizado reuniones con las administradoras. Se han analizado las preocupaciones y dificultades que pueden surgir en el proceso de implementación de los fondos generacionales”.
Joaquín Cortez, Superintendente de Pensiones. Foto: Rodolfo Jara
La mesa técnica de implementación
El timing de las reuniones no fue casual, porque el pasado miércoles, bajo el liderazgo de la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, el Gobierno reactivó la mesa técnica de implementación de la reforma.
La instancia convocó a representantes de las principales instituciones que están involucradas en la implementación, como por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Administrador del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) y la misma Superintendencia de Pensiones, entre otras.
Esta última ocupa un rol central en la mesa, ya que es el organismo que tiene una posición de coordinación de las disposiciones que la reforma establece ejecutar.
Allí, Cortez, y el jefe de la unidad de desarrollo normativo de la Superintendencia, Patricio Ayala, presentaron el estado de avance de las tareas que les competen, además de los principales desafíos operativos y normativos de la implementación. Para ello, señalan fuentes del sector, era relevante el feedback que el regulador podía obtener por parte de las administradoras.
“Esta mesa nos permite alinear a todas las instituciones involucradas, identificar brechas y avanzar con una hoja de ruta clara para la implementación de la reforma. Como Subsecretaría de Previsión Social, estamos asumiendo un rol activo de coordinación y supervisión, para asegurar que este proceso se desarrolle de manera ordenada, rigurosa y en beneficio de las personas”, dijo la subsecretaria Cabezón tras la mesa, informó la misma Subsecretaría de Previsión Social.
La visión de las AFP
Según fuentes que conocieron de esas reuniones, algunas administradoras aprovecharon la oportunidad para comentar sus reparos con la implementación de la reforma y también con el diseño de algunas de sus medidas.
En ese sentido, uno de los puntos que abordaron las gestoras fue la imposición que exige la reforma previsional de una cartera de referencia para establecer un esquema de premios y castigos basados en rentabilidad. Lo anterior, respecto de la inversión en activos alternativos, ya que, según alertan en la industria, es muy complejo fijar un benchmark para este tipo de instrumentos.
Incluso, dicen en actores del sector, aquello sería “imposible”, a menos que cada AFP la genere de manera interna, comparando su propio historial de desempeño.
Otro factor de alerta es la licitación de stock de afiliados, que consiste en la selección de manera aleatoria del 10% de la cartera actual del sistema cada dos años. Estos se asignarán a la AFP que ofrezca la comisión más baja en el proceso de licitación. En tanto, la administradora que se adjudique el remate deberá mantener esta comisión por un período de cinco años.
De hecho, el presidente de Inversiones La Construcción (ILC), Juan Armando Vicuña, uno de los controladores de AFP Habitat, criticó esta medida en la memoria anual de la firma publicada este lunes en el sitio web de la CMF.
“En sus actuales condiciones, consideramos que estas medidas no garantizan la debida solvencia de los nuevos administradores -cuyos requerimientos de capital podrían reducirse hasta en un 90% para operar en la industria- y contravienen el objetivo de maximizar la rentabilidad de los fondos. Los ahorros de los trabajadores exigen resguardos superiores a los establecidos por la ley”, señaló.
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