Cambio Climático

Las recomendaciones de la ONU para fortalecer el tema ambiental en la nueva Constitución

El organismo entrega seis sugerencias, entre ellas, la incorporación explícita del carácter de bien nacional de uso público del agua.

Por: Valentina Llompart | Publicado: Miércoles 23 de marzo de 2022 a las 09:29 hrs.
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El documento "Constitucionalismo ambiental para América Latina. Recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas para Chile", fue publicado ayer.
El documento "Constitucionalismo ambiental para América Latina. Recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas para Chile", fue publicado ayer.

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La Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el marco del Día Mundial del Agua, publicó un documento donde entrega nueve puntos clave y seis recomendaciones para lograr un fortalecimiento en materias medioambientales en la redacción de la nueva Constitución de Chile.

El informe señala que  "Chile, a diferencia de otros países de la región, posee uno de los textos constitucionales más antiguos y que menos modificaciones ha sufrido en la dimensión ambiental", realizando comparaciones con las Constituciones de los demás países.

De esta forma, el organismo detecta nueve puntos claves en la construcción del nuevo texto constitucional: los recursos naturales; el Derecho humano al agua y usos prioritarios; la conservación y restauración de la biodiversidad; suelo y bosques; océano y recursos hidrobiológicos; descarbonización y carbono-neutralidad; descentralización para una protección ambiental desde los territorios; tenencia de la tierra; y pueblos indígenas.

A partir de estos elementos, la ONU realiza seis recomendaciones para la nueva Constitución.

En primer lugar, señala transversalizar el medio ambiente como parte fundamental de la vida humana, definiendo responsabilidades y obligaciones en temas ambientales de parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sobre biodiversidad, bienes nacionales, reducción de emisiones, desastres ambientales y especies invasoras.

Luego, menciona la necesidad de explicitar la protección de la naturaleza en las bases de la institucionalidad a través de la inclusión de principios ambientales para orientar el quehacer del Estado respecto a la protección, conservación, restauración y promoción del medioambiente.

Tercero, ampliar el derecho a un medio ambiente libre de contaminación vigente para incluir el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, para respetar, proteger y hacer efectivos otros derechos humanos, tales como derecho a la vida, la salud y la alimentación adecuada, incluyendo el enfoque de género y de pueblos indígenas.

Asimismo, recomienda la incorporación explícita del carácter de bien nacional de uso público de los recursos hídricos, en línea con lo establecido por el Código de Aguas con sus reformas, y el derecho humano al agua, así como la priorización del agua para los ecosistemas, el consumo humano, la agricultura de subsistencia y la alimentación, al igual que establecer que forma parte de las obligaciones de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales ratificados por Chile.

También sugiere incorporar disposiciones ambientales procedimentales sobre acceso a la información, participación y justicia ambiental, en línea con el Acuerdo de Escazú. Esto incluye la inclusión de más mecanismos de acceso a la justicia tales como la acción popular, la acción por daño ambiental, entre otros.

Y la sexta recomendación apunta a establecer un ordenamiento territorial basado en los ecosistemas que permita una gestión integrada de los recursos naturales y el medio ambiente, evaluando cierta autonomía de los pueblos indígenas en gestión de recursos en sus territorios indígenas.

El reporte

El informe "Constitucionalismo ambiental para América Latina. Recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas para Chile", que analiza las principales tendencias sobre constitucionalismo ambiental en la Región, fue elaborado por el Grupo Medioambiental del Sistema en Chile, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) junto al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Unesco y la Oficina de la Coordinadora Residente.

Durante el conversatorio donde se anunció el documento, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, María José Torres, destacó que, aunque "la Constitución de 1980 reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no es suficiente para abordar los desafíos del cambio climático y evitar la degradación de los recursos naturales en pos del bienestar de las generaciones presentes y futuras".

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