Para cumplir el Acuerdo de París de 2015, Chile debe presentar cada cuatro años las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son los compromisos de reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para mantener el calentamiento global a raya. En este contexto, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, desarrolló una Estrategia Financiera frente al Cambio Climático y creó la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes.
Esta última instancia dio origen en 2021 a una hoja de ruta para una taxonomía -clasificación- en Chile, la cual creó este año un Comité de Taxonomía Verde para fomentar inversiones verdes y sentar las bases para realizar una clasificación de los sectores económicos y su acción climática.
En el Comité, además de ambos ministerios, participan el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y ha recibido asesoramiento de organismos como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Climate Bonds Initiative.
Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda y quien lidera el Comité, señala que, durante cuatro meses, “trabajaremos en una sistematización de los sectores económicos para hacer esta especie de diccionario, determinar quién se hará cargo de estar actualizando esta clasificación y si tendrá un carácter legal o no, para que, en una siguiente etapa, este mismo Comité u otro, diseñe la taxonomía propiamente tal”.
De esta forma, el Comité buscará desarrollar una clasificación, a través de una serie de criterios, de los sectores económicos que puedan considerarse sustentables con el medio ambiente, con el objetivo de que cuenten con esa información quienes busquen invertir en proyectos y empresas chilenas.
La taxonomía
Moreno explica que esta iniciativa está dirigida a empresas del sector público, privado, extranjeros o del mercado de capitales, de manera que cuenten con información de sectores económicos y su acción climática, para que puedan tomar mejores decisiones de inversión sostenible.
Señala que el objetivo es movilizar recursos “hacia sectores que tienen una contribución, ya sea para disminuir emisiones o para apoyar en la adaptación y mitigación del cambio climático”.
Sin embargo, es al mercado de capitales al que se le prestará mayor atención para que inviertan en sectores económicos verdes.
“Estamos hablando de fondos de inversión, fondos mutuos, e incluso en fondos de pensiones que incluyan dentro de su cartera, en la medida en que se les permita, poder invertir en activos verdes o no tradicionales. Eso será central”, afirma Moreno.
Si bien esto no significará ningún tipo de obligación para las empresas, el Comité establecerá las categorizaciones a partir de diversos datos. Entre ellos, la normativa que impulsó la CMF, en que las empresas que están supervisadas por este organismo, deben indicar cuáles son las prácticas que están tomando para la acción climática en sus memorias corporativas.
Asimismo, otros de los datos son “la participación que tiene un sector dentro de la contribución al PIB, el monto de inversión extranjera directa que hay en este sector, el monto bruto de emisiones de GEI, o el uso de fondos para emisiones de bonos verdes”.
Los macro sectores que, en una primera etapa, serían desarrollados en la taxonomía son: energía; transporte; construcción; industria; minería; agricultura; residuos; y silvicultura.
A partir de estas actividades, se utilizarán tres criterios para que el rubro sea clasificado como medioambientalmente sostenible: climáticos, ambientales y sociales.
En esta misma línea, Moreno precisa que esta clasificación evitará prácticas como el greenwashing -que busca crear una imagen ilusoria de responsabilidad ecológica de una empresa-, al “tener una visión mucho más objetiva sobre si realmente están aportando los distintos rubros hacia la acción climática y la sostenibilidad, ya que lo que las empresas dicen, no siempre es tan real y por eso se necesitan criterios técnicos”.
Inversión verde en Chile
Moreno dice que la idea de una taxonomía para fomentar inversiones verdes ya se ha llevado a cabo en países de la Unión Europea, Canadá y Colombia.
En el caso de Chile, según datos del Ministerio de Hacienda, el total de proyectos verdes en materialización identificados corresponde a US$ 16.576 millones, donde un 57% son proyectos de energía, y el 43% de infraestructura tecnológica.
En ese sentido, una de las iniciativas clave, es el hidrógeno verde. “Tenemos proyectos muy potentes que todavía no están materializados, como el de hidrógeno verde, en el que, a escala mundial, Chile puede tener el liderazgo en la energía y el combustible”, sostiene.
Moreno explica que si bien se trata de una herramienta facilitadora para orientar y movilizar capital, “van a haber muchos otros factores detrás, como la disponibilidad de recursos y combinarlos con el marco regulatorio de Chile, en relación a si, por ejemplo, van a haber impuestos verdes”.
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