En la crisis que enfrenta por estos días el Partido Socialista chileno -luego del reportaje de Mega que informó sobre las inversiones de su patrimonio-, se cruzan diferentes asuntos de compleja comprensión para la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Por una parte, por ejemplo, está en discusión la conveniencia de que un partido de izquierda con una historia como la del PS haya invertido parte de su patrimonio de $ 7.200 millones en empresas como SQM.
El dinero, la indemnización que recibió por los bienes confiscados en el régimen de Augusto Pinochet, entre 2002 y 2011 fue administrado por una Comisión de Patrimonio. Compuesta en su momento por Jorge Jorrat, Verónica Montellano, Óscar Guillermo Garretón y Edmundo Dupré, esta semana el equipo defendió la labor que desempeñó en aquella época:
“Resulta arbitrario criticar al PS por adquirir en el periodo 2002-2010 bonos a empresas cuyos escándalos se conocieron solo a fines de 2014 y en 2015. En cambio sí merece la pena recordar que mientras el PS compraba (cumpliendo con todas las normas legales) bonos de empresas entonces bien calificadas y con las cuales no tuvo comunicación alguna, decenas de políticos desfilaban entonces subrepticiamente por oficinas de esas mismas empresas para pedir financiamiento irregular a sus actividades”.
El grupo que escribió la carta habló de “declaraciones balbuceantes, desinformadas y hasta oportunistas” de algunos dirigentes del PS que fueron “incapaces de defender la obra de su partido”. Probablemente, se referían a expresiones como la del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza, para quien las inversiones realizadas hasta aproximadamente 2011 resultan bochornosas: “Como hijo de una víctima de violación de los Derechos Humanos me ofenden esas inversiones”.
Un segundo asunto tiene relación con los eventuales conflictos de interés de un partido que, teniendo representantes en el Congreso y en el gobierno, haya invertido en bonos de empresas reguladas que representan sectores estratégicos que deben ser fiscalizados, como las eléctricas y las sanitarias.
Pero ¿sabían los principales dirigentes del partido sobre aquellas inversiones? El diputado y expresidente del PS, Osvaldo Andrade, señaló en el reportaje de Mega que estaba informado de estas inversiones y que solicitó suspender la de SQM y la de Pampa Calichera. Sus palabras, que generaron molestia en la mesa actual, han intentado ser explicadas y matizadas. Para la Comisión de Patrimonio 2002-2011, en cambio, era imposible que se produjera un conflicto de interés: porque los militantes no conocían las inversiones y porque los beneficios, como eran de renta fija a todo evento, no dependían de cómo les fuera a las empresas.
Sea como fuere, al menos en lo político y comunicacional, tanto la inversión en SQM como la sospecha de conflictos de interés han puesto al partido en una desventajosa posición para intentar fiscalizar al expresidente Sebastián Piñera, justamente en semanas en que el candidato RN-UDI-PRI enfrenta duros cuestionamientos por los cruces entre política y dinero.
Ni anti mercado ni anti capitalistas
En la discusión sobre el PS parece penar un asunto que no todo el mundo tiene intelectualmente resuelto, ni en el oficialismo ni en la oposición: ¿resulta coherente que un partido como el socialista utilice las reglas del mercado para administrar y hacer crecer su patrimonio, de 7.200 millones a casi 14.000 en 2009?
Desde finales de los años setenta, post golpe de Estado y mucho antes de la caída del Muro de Berlín, el PS chileno comenzó un profundo proceso de renovación. Si hace medio siglo sus estatutos indicaban que se trataba de un partido anti mercado y anti capitalista, la colectividad renunció a una economía centralmente planificada como la soviética y comenzó a aceptar el mercado como una buena herramienta de asignación de recursos. La socialdemocracia, a cambio, proponía una fuerte regulación, como única fórmula para defender a los débiles contra los poderosos.
Los gobiernos de la Concertación, por tanto, no renegaron de ninguna forma del mercado y sus reglas, algo que todavía le pesa a algunos sectores de la propia Nueva Mayoría. Pero intentaron ponerle reglas a ese mercado a través de iniciativas como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica y las políticas que tenían como objetivo central fortalecer los gobiernos corporativos de las compañías.
El problema de los socialistas, por tanto, no está necesariamente en su interés legítimo de hacer crecer su patrimonio en una época en que Chile no tenía leyes orgánicas constitucionales de partidos políticos, que se promulgó recién en abril de 2016 luego del trabajo de la Comisión Engel. Su problema se trata de un asunto político y comunicacional generado por la conveniencia de invertir en SQM y generar utilidades sin tener restricciones respecto de las empresas en las que invertir. Podrían haberlo hecho al estilo de Alemania, por ejemplo, donde los socialdemócratas maximizaban retornos, pero no podían invertir en empresas armamentistas, por ejemplo.
Pero era otro Chile, otras exigencias y otra ciudadanía.
El daño a la colectividad y a la directiva actual es evidente -el electorado poco y nada hace distinciones finas respecto de lo ilegal-, aunque verdaderamente las preguntas que faltan por responder parecen tener relación a las actuaciones del PS con posterioridad a la aprobación de la actual legislación.
Piñera logra empatar
La Ley N° 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses de 2016 no especifica claramente si los partidos políticos que tengan un patrimonio mayor a las 25.000 UF deben obligatoriamente hacer un fideicomiso ciego. Lo que dice la ley es que el partido podría hacerlo. Aunque es un asunto debatible y que todavía no está totalmente aclarado por las autoridades electorales, la normativa vigente indica que los partidos que decidieran crear el fideicomiso tenían plazo hasta 90 días después de que la ley entrara en vigencia. La actual mesa del PS ha dado a entender que el partido efectivamente decidió realizar un fideicomiso o, al menos, una figura similar: que los recursos sean administrados por una entidad financiera externa a través de un mandato especial de administración de valores con la prohibición de entregar detalles a la directiva. Las autoridades del SERVEL no lo han negado. Pero la pregunta que sigue abierta, entonces, es si lo hicieron dentro de los 90 días que daba la ley o apurados, por ejemplo, por el reportaje de Mega u otras causas.
Un segundo asunto que parece importante que el PS dilucide a la brevedad tiene relación a los tipos de inversión. De acuerdo a la ley N° 20.880 de 2016, si un partido decide no hacer un fideicomiso, puede invertir solamente en tres tipos de activos: valores de renta fija emitidos por el Banco Central, depósitos a plazo y cuotas de fondos mutuos que no estén dirigidas a inversionistas calificados. Pero el partido no ha aclarado si los valores de renta fija en los que invierten son emitidos necesariamente por el Banco Central o si, por ejemplo, también correspondan a bonos de empresas. De ser el caso, habría efectivamente una vulneración a la ley actual.
La legislación que finalmente aprobó el Congreso fue distinta a la propuesta por la Comisión Engel que señalaba la conveniencia de un fidecomiso diversificado y público, no ciego, tanto para partidos como para candidatos de mucho patrimonio como es el caso de Sebastián Piñera. En ese caso se terminarían los conflictos de interés, porque aunque se trate de activos bastante aburridos, todo el mundo sabría dónde se está invirtiendo. Las actuales autoridades del PS estarían en la línea de sacar adelante esta modificación a la legislación, aunque en lo inmediato tendrían restringida su capacidad de maniobra con su patrimonio que llevaría a unos $ 8.000 millones en la actualidad.
De comprobarse alguna falta en el comportamiento formal del PS con posterioridad a la promulgación de la ley en abril de 2016 -el generalísimo Andrés Chadwick ha dicho públicamente que hay acciones ilegales-, los socialistas no solamente tendrían que llevar sobre la espalda las consecuencias del escándalo político y mediático que se ha destapado. En esa situación, el partido probablemente deberá pagar los costos por no haber logrado entregar una prueba pública de blancura para exigir a los otros el cumplimiento de los mismos estándares. Porque, como hace décadas lo entiende desde la doctrina, el PS debe procurar fortalecer el mercado justamente para evitar los abusos.
Lo delicado de la situación socialista, que hace décadas no es un partido ni anti mercado ni anti capitalista, es que el partido queda en una posición poco privilegiada para fiscalizar a Piñera, que ha tenido serios problemas en las últimas semanas con respecto a despejar las dudas sobre eventuales conflictos de interés de llegar a La Moneda en 2018.
Efectivamente, al expresidente solo se le ha visto dar explicaciones y poco y nada instalando nuevos temas y propuestas. El peligro que conlleva no resolver del todo sus conflictos de interés tiene relación con que, de ganar, este asunto se va a atravesar muchas veces en su agenda de gobernante y la agenda pública estará centrada en su dinero y no en sus políticas. Si el PS no ha estado a la altura, difícilmente se configure como el actor potente para hacer una oposición robusta en este aspecto.
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