Si de la voluntad que expresan los parlamentarios para terminar con la evasión y elusión se pudiera inferir la existencia de un consenso transversal, el proyecto de cumplimiento tributario contaría con los votos para ser aprobado. Pero a partir de esta premisa en la que coincide la mayoría, comienzan a surgir los matices que podrían ver dificultada su tramitación.
De hecho, tanto en el oficialismo como en la oposición estiman como “muy positivo” el proyecto presentado por el Gobierno. Y uno de los elementos que destacan los parlamentarios de gobierno es la flexibilización del levantamiento del secreto bancario, pues como acentúa el senador comunista Daniel Núñez, esta herramienta es importante para terminar con la evasión y la elusión, aunque “tampoco es la bala de plata”, aclara. Ello, porque también es necesario limitar los mecanismos para declarar pérdidas artificiales de empresas y, además, -enfatiza- perfeccionar la norma general antielusión que “ha sido un punto en el cual siempre se han puesto muchas trabas”.
La flexibilización del levantamiento del secreto bancario es uno de los elementos de la iniciativa que podría impedir una tramitación expedita. Porque la oposición nunca ha estado disponible a avanzar en esta materia y no parece que en la actualidad haya variado su postura al respecto. Algo en lo que coinciden tanto en Renovación Nacional (RN) como en la UDI. En este sentido el presidente de RN, senador Rodrigo Galilea, explica que en esta materia “colisionan” el principio de protección de la privacidad de los datos personales con el de querer fiscalizar el cumplimiento tributario, por lo que –a su juicio– “tendremos que encontrar un razonable punto de equilibrio entre ambos principios”.
Una mirada muy similar manifiesta el jefe de la bancada senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, quien asegura que con el proyecto, el Gobierno escuchó uno de los planteamientos del sector al rechazar la reforma tributaria, en cuanto a la necesidad de que había que enfocarse en el crecimiento y en el control de la evasión y elusión, que es algo que le “está haciendo un tremendo daño a nuestro país”, señala apuntando a la informalidad especialmente.
Menos entusiasta se muestra respecto del levantamiento del secreto bancario y coincide con el argumento entregado por Galilea, ya que enfatiza que “está basado en un principio que tiene que ver con el derecho a la vida privada de las personas”, no obstante, muestra un cierto grado de apertura a buscar mecanismo que permitan seguir la ruta del dinero, sobre todo del crimen organizado y del narcotráfico”. Por lo que, “lo que queremos es un sistema que dé garantías del efectivo derecho a la vida privada de las personas”.
“Bastante relevante, pero no medular”
El integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jaime Sáez (RD), refuta de plano este argumento, porque –desde su punto de vista– “el país ha avanzado y tiene altísimos estándares en tratamiento de datos personales”; por lo que no le preocupa que se pudiera pasar a llevar el derecho a la privacidad, incluso enfatiza que si llegara a ocurrir algún caso que comprometiera los datos personales, “existen las sanciones al respecto”, por lo que no acepta esa justificación. Sobre todo porque, aunque si bien estima que el levantamiento del secretario bancario “es bastante relevante, pero no medular”, ya que no incide en mejorar la recaudación.
Mientras que para el integrante socialista de la misma comisión, Jaime Naranjo, esta propuesta responde al escenario socio-económico del país, que indica que se deben abordar con urgencia tres problemas: “los fraudes tributarios que llegan a alrededor de US$ 400 millones; mejorar las pensiones, que son una deuda pendiente de hace más de 10 años; y, la seguridad ciudadana que nos amenaza día a día”.
Y la presidenta de la Comisión de Trabajo del Senado, Loreto Carvajal (PPD), plantea que los casos conocidos sobre “facturas falsas” obligan a “cerrar los forados” y eliminar los resquicios legales “que permiten a muchos contribuyentes de altos ingresos, ligados al mundo financiero reducir de manera ilícita el pago de sus impuestos o evadir el pago de obligaciones tributarias”.
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