Las indicaciones presentadas por el gobierno a la reforma tributaria ya son objeto de comentario entre los expertos. Si bien las 130 páginas de extensión de los ajustes dan para varias conversaciones por sí solas, hay un tópico que centra la atención entre los abogados: el nuevo aporte -“contribución” le llama Hacienda- del 1% del valor de los proyectos de inversión en favor de las regiones y comunas donde se emplazan. Esto, sobre el valor de los activos que exceda los US$ 10 millones.
Si bien la medida es valorada transversalmente al dotar a las regiones de nuevos mecanismos de financiamiento, abre la discusión debido a algunas restricciones y exenciones para gravar proyectos.
El documento establece que las iniciativas destinadas a salud, educación, ciencia, investigación, desarrollo tecnológico, y construcción de viviendas y oficinas estarán exentos del aporte, previa aprobación del Ministerio de Hacienda.
El socio de Moraga & Cía, Álvaro Moraga, anticipa que el gobierno podría tener “nuevamente problemas políticos” en este tema, ya que “en la forma presentada pareciera que serán muy pocos los proyectos que calificarán para este beneficio”.
“Esto es un nuevo formato de impuesto y obviamente puede generar reacciones encontradas. El hecho de que ciertas actividades económicas queden libres del impuesto podría molestar a más de alguien”, complementa Ignacio Gepp, director de Tax Advisory de Puente Sur.
El investigador de LyD, John Henríquez, cuestiona el sentido de un “impuesto” del 1% a los proyectos de inversión: “Es valorable, por cierto, que este impuesto se devengue cuando el proyecto genere ingresos operacionales, que se pueda pagar en cuotas y que se contemplen disposiciones para hacerse cargo de la suspensión o extinción del pago”.
El socio de Tax en Deloitte, César Gacitúa, destaca las “normas de control” que se establecen en el proyecto, las que “básicamente ayudan a evitar malas prácticas para esta contribución, como sería tratar de dividir estos proyectos en distintos contribuyentes o que un mismo proyecto se dividiera en distintos subproyectos, con la finalidad de nunca superar los US$10 millones”.
El socio de Cabello Abogados, Juan Pablo Cabello, advierte que las indicaciones “siguen estando al debe” en compensaciones redistributivas: “Por ejemplo, no se entiende que no se reincorpore la tasa máxima de 40% a las personas de mayores rentas”.
Carola Trucco, socia experta en temas tributarios de Barros & Errázuriz, ve un impacto positivo de la medida: “Destaco dos cosas: una, se trata de una contribución y, por tanto, permite destinarse específicamente al desarrollo de las regiones donde estos proyectos de inversión se emplazan; y dos, la mitad del monto desembolsado puede ser utilizado como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría”.
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