La discusión del proyecto de ley para la reactivación y reconstrucción entrará en una etapa decisiva a partir de este miércoles, cuando se vote en general en la comisión de Hacienda del Senado.
Por mientras, siguen las audiencias con exposiciones de diversas agrupaciones y especialistas. Este martes fue el turno de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que manifestó su acuerdo con gran parte del proyecto, pero afirmó que no se debe agotar el esfuerzo de impulsar medidas para recuperar la inversión en el país.
Fue la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, quien planteó de entrada que “valoramos el proyecto en cuanto apunta a dinamizar la actividad económica y generación de empleos. Pero es necesario avanzar con rapidez en su tramitación, dado el diagnóstico compartido de que Chile puede y debe expandir su capacidad productiva”.
Lo que complementó con que “consideramos que este proyecto no agota todos los esfuerzos necesarios para seguir fortaleciendo la inversión y la competitividad del país, pilares indispensables para mejorar la calidad de vida de los chilenos”.
En esos otros proyectos mencionó los cambios legales que discute el Congreso sobre la Superintendencia de Medio Ambiente, sobre la institucionalidad ambiental, concesiones marítimas y modernización del Estado. Y agregó cambios en gestión como guías y criterios del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), dictámenes de la Dirección del Trabajo (DT), el y combate a las economías ilícitas.
Entre las medias más destacadas de la reforma valoró la rebaja de impuestos de Primera Categoría del 27% al 23%, la reintegración del sistema de renta, la invariabilidad tributaria y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital por operaciones bursátiles.
Consultada por los senadores si no le preocupa que el déficit fiscal se prolongue con esta normativa, la economista indicó que “comparto que este es un proyecto que busca generar mayor crecimiento con mayor atracción de inversiones y más empleos. En ese sentido, no todos los proyectos son balance cero desde el punto de vista fiscal. Por eso es que hay incentivar y promover otras iniciativas que permitan que el efecto sea neutral en las arcas fiscales” y enfatizó que “haciendo lo mismo no vamos a crecer más del 2%”.
La dirigente gremial aseguró que cada punto adicional de crecimiento recaudaría 0,24% del PIB en ingresos tributarios, mientras que la rebaja de cada punto del impuesto corporativo reduciría la recaudación en 0,15% del PIB. Sin embargo, agregó que el efecto neto entre la menor tasa y el mayor crecimiento seguiría siendo negativo, en torno a 0,4% del PIB en diez años, por lo que debería compensarse con recortes de gasto u otras fuentes de ingresos, como una mayor recuperación de las dudas de beneficiarios del Crédito con Aval del Estado (CAE), menor evasión o sanciones por licencias falsas.
La visión del comercio
Por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) expuso la asesora legal, María José Rojas, quien planteó que Chile necesita volver a crecer para tener más y mejores empleos formales y por eso “esperamos que se aprueben medidas que sean ejecutables y efectivas”.
Detalló que es partidaria de resguardar el enfoque Pyme en mantener el alivio tributario, la rebaja gradual del impuesto de Primera Categoría, certeza regulatoria y racionalización de la permisología, fortalecer la formalidad al aprobar el crédito al empleo formal con reglas simples para jornadas parciales, remuneraciones variables; y modificar, pero no eliminar la franquicia Sence.
En tanto, la presidenta de la Asociación de Fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos (SII), Paola Tresoldi, sostuvo que el proyecto representa en materia impositiva profundizar el carácter regresivo del sistema tributario y sobre la norma que instruye un mayor cruce de información para detectar potenciales fraudes sociales planteó que “no es rol del SII y distrae los recursos que son escasos para mejorar la recaudación de impuestos”.
Sobre invariabilidad tributaria, señaló que “se aplica en países de alto riesgo” y propuso que se tenga asociada a la creación de una cantidad mínima de fuentes de trabajo, se aumente el monto de inversión y que el período no debe exceder los 10 años.
Respecto a IVA a inmuebles, la dirigente manifestó que la exención temporal no distingue respecto del valor de las propiedades, aumenta la regresividad e implica un aumento en control de las devoluciones de crédito fiscal, generando una sobre carga de trabajo en dotaciones de los fiscalizadores que ya están mermadas que graficó se acrecentará con la implementación del incentivo al retiro en un año, lo que dijo implicará un 10% menos de fiscalizadores.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Reactivación
{{/if}}
