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REGÍSTRATE AQUÍEjecutivo y parlamentarios se enfrentaron por ajustes a sanciones por delitos fiscales.
Por: Sebastián Valdenegro
Publicado: Jueves 11 de julio de 2019 a las 04:00 hrs.
El Gobierno ingresó ayer nuevas indicaciones al proyecto de reforma tributaria, relacionadas con un tema sensible para los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Tesorería General de la República (TGR).
En el artículo 206 de la propuesta original del Ejecutivo se establecía una multa para los funcionarios de ambas entidades que infringieran el deber de reserva de la información tributaria que conozcan durante el ejercicio de su cargo, prohibición que se mantendría incluso al abandonar dichos organismos.
La iniciativa legal planteaba que si los funcionarios violaban la obligación de reserva, estarían sujetos a una sanción equivalente al 300% de lo que hubiesen recibido a cambio de ejecutar dicha acción. También se señalaba que serían “responsables de todo daño que la vulneración de la reserva provocare a terceros”.
El Ejecutivo realizó cambios que reducen dicha penalidad, desde el 300% al 100% de “cualquier pago, recompensa o promesa” recibida a cambio del ilícito. Cabe consignar que dichas sanciones hoy no existen en la ley tributaria.
La cartera además eliminó del artículo la referencia a la responsabilidad “de todo daño” causado de parte de los trabajadores.
El cambio también establece que la sanción y la multa serán aplicables “una vez que se encuentre firme y ejecutoriada la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero”.
Las indicaciones fueron ingresadas por Hacienda al alero de una nueva sesión de la comisión del ramo de la Cámara de Diputados que analiza la reforma tributaria.
En la instancia, se continuó el debate sobre el primer artículo del proyecto, relativo a materias como los ajustes a la Norma General Antielusión y las nuevas potestades de fiscalización del SII.
Este último tema fue objeto de polémica durante el desarrollo de la instancia, ya que la oposición presentó indicaciones que aumentaban los agravantes para sancionar delitos tributarios y modifican las facultades de tasación del servicio.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, secundado por el coordinador de Política Tributaria de la cartera, Manuel Alcalde, aseguró que dichas propuestas serían “inadmisibles e inconstitucionales”, ya que abordarían modificaciones a las atribuciones de la autoridad tributaria, lo que la Constitución establece que es iniciativa exclusiva del Ejecutivo.
Incluso, Larraín presentó un oficio con la opinión del director del SII, Fernando Barraza, en el que aseguraba la inconveniencia de dichos cambios, ya que -dijo- debilitarían las potestades fiscalizadoras del servicio.
La interpretación generó un duro cruce entre Larraín y el independiente Pepe Auth, quien señaló que lo que importa es la opinión del Ejecutivo, y “no la de un jefe de servicio, que no puede interpretar si las indicaciones son admisibles o no”.
En zonas donde la diferencia es mayor, esta se explica, en parte, porque la expectativa del arrendador se despegó del precio que el mercado efectivamente valida para la propiedad.
Los expertos abordaron las dificultades de las empresas para gestionar los datos, las altas multas y la oportunidad que abriría la prórroga para adaptarse a la regulación.
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
El titular de Hacienda señaló que desde el Ejecutivo “respaldamos cien ciento la decisión que hoy día ha tomado el superintendente de AFP, en el sentido de iniciar una investigación por proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema".
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
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