Expertos aseguran que iniciativa cumpliría con una obligación de 2004

El proyecto ya está en el Congreso y los expertos en la materia se cuadran con el planteamiento de que con esta iniciativa “sólo estamos cumpliendo con una obligación que tenemos pendiente”.

En ese sentido, el socio de Sargent &Krahn, Juan Pablo Egaña, explica que el tema no impacta en un tema de acceso a medicamentos -como lo ha planteado la industria farmacéutica- “porque la situación en el sistema sustantivo no varía, es exactamente la misma que tenemos hoy”.

Según el abogado esta es una herramienta que permite “tal vez, ser un poco más efectivo en un juicio y que el juez se mueva con mayor rapidez, pero nada más”.

Asimismo, Egaña enfatiza que es importante tener claro y precisar que esta es una obligación contraída, “así lo dijo el ministro Pablo Longueira; estamos cumpliendo con una obligación que tenemos pendiente (...) una obligación que está en el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, desde 2004, que no se había cumplido”.

A juicio del socio de Sargent &Krahn, este es un tratado de carácter procesal, y explica que con esto no se crean patentes nuevas. “No se crean derechos nuevos, son las mismas patentes de siempre y la única ventaja que puede haber es simplemente una cuestión de carácter de orden procesal, pero sustantivamente no hay nada”.

Para Egaña el impacto en el precio de los medicamentos no existe, no se producirá, porque no tiene ningún sentido.




Un beneficio país


En tanto, la socia fundadora de Paiva & Cia. y abogada de la Universidad de Chile, Gabriela Paiva, explica que en el mundo actual, estar al día en las obligaciones de propiedad intelectual y estar actualizado es un beneficio país. “Porque cada vez se está exigiendo más para exportar, para firmar acuerdos o para realizar actividades comerciales”.

Sobre las implicancias que esto podría tener en el precio de los medicamentos, Paiva difiere de lo planteado por Egaña. “No por ese problema interno vamos a justificar que el país incumpla leyes o incumpla tratados, entonces, yo creo que lo que corresponde es hacer una cuantificación de cuáles serían esos productos y buscar una forma como país de alivianar ese problema”, admite.

Según la experta en litigios, los laboratorios que utilizan estos productos cobran en el fondo un precio mucho más caro que el que cobraría la persona que hizo la investigación.