Estudiar una carrera técnica o universitaria dejó de ser sencillamente un sueño para las familias chilenas y sus hijos. Durante las últimas dos décadas, Chile ha experimentado un claro aumento en el acceso a la educación superior, algo impulsado, principalmente, por políticas públicas como el Crédito con Aval del Estado (CAE) y la instauración de la gratuidad en dicho segmento de enseñanza.
Estas medidas, a ojos del Centro de Estudios Públicos (CEP), facilitaron el acceso a grupos históricamente excluidos y contribuyeron a que la proporción de personas con educación superior en la fuerza laboral se duplicara entre 2006 y 2024.
De hecho, en 2006, el 29% de los trabajadores tenía algún grado de educación superior, mientras que en 2024 ese porcentaje subió a 55%.
Este fenómeno, si bien ha sido positivo, ha ido aparejado de otro más complejo, ya que el mercado laboral no ha sido capaz de generar puestos de trabajo para el total de este grupo.
El estudio Educación superior y subempleo en Chile: Incidencia, retorno económico y persistencia-elaborado por los investigadores del CEP César Gamarra y Sandra Quijada, y Sarita Undurraga, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Emilia Vicuña, magíster en Economía Aplicada de la UC-, mostró que el subempleo por calificación o sobreeducación se ha vuelto un fenómeno cada vez más relevante. Es decir, es más habitual ver trabajadores con estudios universitarios o técnicos superiores que se desempeñan en labores que requieren menor nivel educativo.
El impacto
Utilizando datos de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) de 2024, el informe detectó que, al desagregar por sexo, el subempleo es sistemáticamente más alto entre los hombres que entre las mujeres.
Del total de hombres con educación superior técnica, el 49% está sobrecalificado para su trabajo, cifra que baja a 30% en aquellos con educación universitaria. En el caso de las mujeres, la cifras corresponden a 29% y 27%, respectivamente.
¿A qué se debe esta diferencia? La indagación expuso que una explicación plausible radica en los distintos patrones de inserción ocupacional.
“Las mujeres con educación superior técnica se concentran mayoritariamente en áreas como salud y educación, las que presentan bajos niveles de subempleo. En cambio, los hombres con este nivel educativo tienden a emplearse en sectores u ocupaciones más expuestos a desajustes entre la formación recibida y las tareas efectivamente realizadas, como ocurre en ciertas áreas de la ingeniería”, dijo el reporte.
Según el análisis, la incidencia del subempleo difiere según el tipo de institución de educación superior de egreso. Desde 2017 se comenzó a dar un aumento significativo del subempleo entre los egresados de CFT. Algo similar, aunque más gradual, ocurrió con los institutos profesionales.
En el caso de la educación universitaria, la incidencia del subempleo es consistentemente mayor entre quienes egresan de universidades que no pertenecen al Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch). “Este resultado muestra que las características y, potencialmente, la calidad de la casa de estudios, pueden desempeñar un rol relevante en la inserción laboral, influyendo en la probabilidad de que los egresados accedan a empleos acordes con su nivel de formación”, expuso el texto.
La penalización
Con relación a los salarios, el informe indicó que existe una alta penalización salarial en aquellos trabajadores que están sobrecalificados para sus empleos.
Entre quienes han completado la educación superior técnica, pero se encuentran trabajando en una ocupación que no requiere dicho nivel educativo, ganan en promedio 20% menos que sus pares que sí están en un trabajo que requiere dicho nivel educativo.
“Esta penalización ha ido disminuyendo, desde niveles superiores a 25% en 2006 y 2009, a 12% en 2022. No obstante, en 2024 tuvo un incremento alcanzando un 19% (siendo la diferencia entre 2022 y 2024 significativa)”, dijo el informe.
Entre quienes poseen educación universitaria completa, el efecto es mucho más pronunciado. Así, la brecha se ha mantenido en el tiempo en niveles superiores al 40%, alcanzando un 49% en 2024.
De acuerdo con el informe del CEP, estas cifras refuerzan la necesidad de fortalecer la información disponible y la orientación vocacional, de modo que las decisiones de estudio se adopten con antecedentes comprensibles y oportunos sobre los riesgos y retornos asociados a cada trayectoria formativa.
A modo de cierre, el texto también planteó que la educación superior no debería concebirse como una decisión única e irreversible.
“En un mercado laboral cada vez más dinámico, el desafío no se limita a gestionar los desajustes entre la oferta y demanda de egresados, sino también en promover el desarrollo de habilidades transferibles y facilitar procesos de reconversión laboral a lo largo de la vida, permitiendo a las personas adaptarse a cambios productivos y tecnológicos cada vez más acelerados”, cerró el texto.
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