Eso se traduce en dos grandes cambios. El primero es la imposición de plazos fatales para esta institución, que ahora dispondrá de 20 días corridos para pronunciarse sobre un eventual hallazgo arqueológico en un proyecto y, si no hay respuesta, el interesado podrá continuar sus faenas.
De hecho, en vez de realizar la denuncia obligatoria a Carabineros, la persona -natural o jurídica- que detecta algún resto de potencial valor arqueológico debe adoptar las medidas necesarias para el resguardo. Así, el CMN tendrá cinco días hábiles para verificar el descubrimiento en terreno. Para la decisión final, el Ministerio de las Culturas deberá emitir un reglamento que fijará los criterios para determinar cuándo una intervención no requiere de autorización y eso es lo que puede demorar máximo 20 días.
Segundo, se introduce una figura llamada “intervenciones menores”, que permite que se ejecuten obras de bajo impacto mediante un aviso electrónico con aprobación automática, eliminando la necesidad de autorizaciones previas. Como resguardo, se introduce la obligación de que haya un profesional -arqueólogo o paleontólogo- presente en los proyectos y se establecen “multas severas” por la omisión de avisos o declaraciones falsas.
¿Hay recursos?
El socio de Echeverría Ihlarreborde Scagliotti, José Domingo Ihlarreborde, considera que el proyecto va en la dirección correcta, tratando de agilizar un servicio que ha tenido las mayores demoras en tramitación de permisos, con casos icónicos como el de Statkraft en Los Lagos.
No obstante, el abogado plantea dudas respecto a los plazos que impone antes de entregar lo que es, en estricto rigor, un silencio positivo para los proyectos. “Es un servicio que se demoraba meses o años en pronunciarse respecto a un permiso, que ahora lo haga en 20 días, no sé cuán realista es (...) no nos sirve de mucho establecer plazos perentorios si no vienen apoyados con más recursos y más personal, ya que hoy día hay una obligación tanto de visitar el sitio como de pronunciarse después respecto a las medidas que está proponiendo la empresa”, señala el especialista.
Con todo, sí ve con buenos ojos el reglamento que permitiría identificar qué trabajos requieren permisos y cuáles son intervenciones menores, ahorrando que algunos pasen el trámite innecesariamente.
La directora del área ambiental de Prieto Abogados, Romina Tobar, coincide en que las modificaciones apuntan a destrabar “uno de los cuellos de botella más relevantes para los proyectos de inversión”.
“Un aspecto clave a monitorear será la definición reglamentaria de lo que se entenderá por ‘intervenciones menores’, ya que de eso dependerá, en la práctica, el alcance real de esta agilización”, opina.
El economista del Instituto Libertad, Gustavo Díaz, también planteó que las mejoras van en línea a que los inversionistas tengan más certezas y menor riesgo, pero también hizo hincapié en que si son percibidas como un debilitamiento institucional o ambiental, “podrían generar mayor judicialización y riesgo reputacional”.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Construcción
