Una serie de medidas relacionadas con el ámbito laboral incluyó el proyecto de reconstrucción que el Ejecutivo envió este miércoles al Congreso. Al anuncio de crédito tributario para el empleo y la eliminación de la franquicia tributaria Sence, sumó sanciones a los funcionarios públicos que hagan mal uso de las licencias médicas y una ampliación del incentivo al retiro.
La primera, detalla el texto de la iniciativa, beneficiaría “principalmente a las PYME” y apunta a proteger “la estabilidad del empleo formal frente al aumento del costo de contratación, evitando que las empresas despidan personas por no tener la capacidad de pagar sus sueldos”.
Y precisa que “fomenta la contratación formal de más de 800 mil personas que actualmente se encuentran desempleadas, al reducir el costo de su contratación tanto para PYME como para grandes empresas”.
Su implementación, según el informe financiero, en el primer año al Fisco le costaría $ 668.573 millones (US$ 752 millones), cifra que subirá a $ 1.541.502 millones (US$ 1.735 millones) en el segundo año e irá decreciendo en forma paulatina.
Soledad Hormazábal, directora de evidencia en Pivotes. Fidel Bennett, exasesor del Ministerio del Trabajo. José Esteban Garay, gerente general de la OTIC de la CChC. Fotos: José Montenegro y Archivo.
Justamente por su costo, la fórmula no convence del todo.
El economista y exjefe de políticas de empleo del ministerio del Trabajo y socio del Estudio La Firma, Fidel Bennett, reiteró que se trata de una medida cara y con bajo impacto. “El Ejecutivo, con el cambio de nombre, hace el reconocimiento de que es una medida de retención laboral y no de contratación. Y cuando tienes la misión de reducir la tasa de desocupación, se propone llegar a 6,5% en 2030, lo mejor sería utilizar un instrumento que contrate, que pase personas desde la desocupación a la ocupación”, dijo.
A su juicio, el gobierno subestima el costo real de la medida en materia de recaudación en al menos en US$ 500 millones.
La directora de evidencia en Pivotes, Soledad Hormazábal, planteó que pese a que el proyecto podría reactivar el mercado laboral, “es muy caro. Involucra muchísimos recursos públicos comparado con otras alternativas, como el Subsidio Unificado al Empleo, que se puede ampliar por esa cantidad de recursos y es un instrumento que está comprobado que tiene un efecto significativo sobre el trabajo”.
Para ella el proyecto “mantiene puestos de trabajo, eso es positivo, y también debiese ayudar en el margen a la contratación de nuevos trabajadores, porque en el fondo le va a costar a la empresa menos contratar. Pero claro, es un modelo menos óptimo, es más incierto el efecto que tendrá”, agregó Hormazábal.
El texto simula que el crédito tributario al empleo entraría en vigencia en 2026.
Los otros puntos
Otro tema que sigue generando reacciones, es la decisión del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de eliminar la franquicia tributaria, figura que permite a las empresas descontar del impuesto a la renta gastos destinados al aprendizaje de su dotación.
Este incentivo cuesta $ 300 mil millones al año, “sin que exista evidencia concluyente de que produzca un impacto significativo en mejoras en capacitación”, dice el proyecto.
Para el gerente general de la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción, José Esteban Garay, no es óptimo avanzar en esta línea dado el escenario en donde la reconversión y la formación laboral son claves. “Cualquier agenda de cambio debiera partir por diseñar un nuevo instrumento antes de avanzar en su eliminación. Como OTIC CChC, estamos disponibles para contribuir a ese proceso con nuestra experiencia”, dijo.
En materia de licencias, el proyecto establece que toda persona que ejerza funciones en la administración del Estado y que incurra en el uso indebido, falsificación o incumplimiento del reposo de una licencia médica, será sancionada con la destitución, despido o el cese inmediato de su cargo, dependiendo del régimen aplicable, por constituir una vulneración grave al principio de probidad.
Una medida que permitiría reducir el gasto en suplencias y reemplazos en un 10%, e implicará un menor gasto fiscal de $ 44.891 millones anuales. Para el año 2026, suponiendo que entra en vigencia a partir de septiembre, el efecto sería de $14.964 millones
Con relación al incentivo al retiro, el texto propone incrementar el cupo máximo de beneficiarios del incentivo al retiro establecido en la Ley Nº 20.948, elevando el guarismo de 2.200 a 6.000 cupos, facultando a la Dipres a asignar estos nuevos cupos de incentivo al retiro para el año 2026 de forma preferente a quienes ya integran el listado de seleccionados, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Nº 20.948.
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