Los esfuerzos del Gobierno para darle mayor eficiencia al gasto público es el tema en boga por estos días en la discusión económica.
Aquello contribuyó en las públicas discrepancias entre el Ministerio de Hacienda y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) la semana pasada, luego de un duro informe sobre la situación de las finanzas públicas que fue refutado con la misma fuerza por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Pero al margen de dicha polémica, el Gobierno ha continuado dando pasos con el fin de racionalizar y hacer más eficiente el gasto público.
28 transferencias fueron analizadas.
Una de ellas es el pronto envío de un proyecto de ley con el que el Ejecutivo busca terminar con la entrega de una serie de transferencias monetarias que realiza el Estado, pero que cuentan con evaluaciones técnicas deficientes o cuyo propósito ya es satisfecho por otras prestaciones y bonificaciones estatales.
Según explicaron en el Ejecutivo, la idea es ingresar el texto a tramitación este primer semestre, con el foco de eliminar bonos que no cumplen propósitos claros de política pública. Acorde a cálculos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), este año la medida permitirá ahorrar en torno a US$ 5,7 millones ($ 5.706 millones), mientras que desde 2027 ese monto subirá a casi US$ 11 millones ($10.697 millones).
Lo que se analizó
US$ 5,7 millones se ahorrarían este año.
Este es un trabajo que partió en 2022, cuando Hacienda encargó al Sistema de Evaluación de Programas e Instituciones Públicas un análisis de las transferencias monetarias que realiza el Estado, la que servirá de base para el proyecto de ley señalado.
¿El objetivo? Identificar la perspectiva estratégica y alcance de las transferencias, así como también analizar si existían complementariedades y duplicidades a nivel de sus estrategias y beneficiarios.
Las transferencias fueron revisadas a través de la línea evaluación sectorial, la cual es un instrumento centrado en la mirada integral de un área de política pública.
La oferta programática relevante se definió mediante la selección de programas que cumplieran con tres requisitos: que tuvieran como objetivo aliviar determinados gastos o complementar ingresos de una persona u hogar; que fueran de libre disposición; y con cobertura país.
Así, Dipres dividió en cuatro grupos las prestaciones analizadas: aseguramiento de servicios básicos o de consumo básico; para el desarrollo humano; destinadas a la inclusión laboral; y destinadas al mejoramiento de pensiones.
De esta forma, se evaluaron 28 transferencias monetarias pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, al Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y al Ministerio de Educación.
Sobre la base del análisis del Ejecutivo, en conjunto con un panel de especialistas, se definieron cuatro sugerencias de mediano plazo.
La primera es utilizar un solo instrumento de focalización para programas dirigidos a grupos vulnerables, basado en el Registro Social de Hogares (RSH) y la Calificación Socioeconómica.
El segundo fue fusionar las transferencias, especialmente las relacionadas a empleo y niños, niñas y adolescentes. Aquí se destaca la necesidad de aumentar los montos de los subsidios destinados a hogares con niños, niñas y adolescentes, proponiendo que los próximos aumentos presupuestarios se centren en este grupo dada la alta rentabilidad y la acumulación de capital humano.
La tercera idea es analizar las barreras de acceso de género, evaluar ajustes en montos y encargar estudios para profundizar en la asignación de beneficios.
Una cuarta recomendación es estudiar la pertinencia de mantener el programa Bodas de Oro, ya que es la única de las 28 transferencias catalogadas como relevantes que no evidencia contribuir a disminuir la pobreza y vulnerabilidad de los hogares, no siendo parte integral del sistema de protección social ni de las transferencias monetarias.
“En el marco de un sistema que potencia la autonomía económica de los hogares a través del tiempo, esta transferencia no cuenta con los argumentos técnicos que la justifiquen”, explicó Dipres.
Propuestas a corto plazo
Ya pensando en el corto plazo, se entregaron tres recomendaciones.
La primera es mejorar y consolidar las fuentes de información que alimentan los sistemas de selección de beneficiarios y gestión de las transferencias monetarias, ya que actualmente 17 de ellas utilizan la Clasificación Socioeconómica del RSH y 8 usan el Puntaje de Focalización Previsional del Instituto de Previsión Social (IPS) y el formulario Único de Acreditación Superior (FUAS), los que buscan identificar a los hogares más vulnerables de la población para entregar beneficios educativos.
“Por lo tanto, al tener instrumentos distintos podrían existir contradicciones en la asignación de beneficios”, señaló la Dipres.
Una segunda recomendación se refiere a la reformulación y análisis de diseño de los subsidios, ya se requiere una estandarización y evaluación de las complementariedades, profundizando en aquellos grupos focalizados en poblaciones similares.
Y, por último, se identifica la necesidad de definir criterios de egreso coherentes con los objetivos de los programas y vincularlos con políticas de inserción laboral para promover ingresos autónomos.
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Sebastian Valdenegro
