Enfatizando el impacto económico que tendría una mayor participación femenina, considerando que existe un “talento desaprovechado en el país”, el presidente de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), Joseph Ramos, entregó ayer a la presidenta Bachelet el informe final “Mujeres en el mundo laboral: más oportunidades, crecimiento y bienestar”, que consta de 14 recomendaciones de política pública.
Esto, teniendo en cuenta que, si bien ha aumentado la participación desde 31% en 1990 a 48% en la actualidad, aún se está por debajo de los países desarrollados de la OCDE (61%). De alcanzar este último porcentaje y más, se incorporarían 900 mil mujeres adicionales a la fuerza de trabajo, lo que aumentaría el PIB en 6%.
Ramos instó a ponerle urgencia al problema, asegurando que “se tiene que partir desde ya” y reconoció que se sentiría “frustrado” si el próximo gobierno no acoge estas propuestas que se enmarcan en tres ejes: elevar la participación laboral femenina por medio de la socialización del costo de cuidados de dependientes sin distinción de género; reducir los costos de la mujer para participar en el mercado laboral; y promover un cambio cultural que corrija los sesgos culturales desigualitarios.
Reemplazar artículo 203 sobre sala cuna
En el primer eje, se propone reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo, que brinda sala cuna sólo a mujeres de empresas con 20 o más trabajadores por un sistema que financie o provea instalaciones de calidad, gratuitas para todos los hijos de hogares uniparentales o de parejas en que ambos trabajen o estudien, independiente del tamaño de la firma o número de mujeres que operen allí. Según Ramos, la idea tendría un costo "abordable" del orden de US$ 500 millones, lo que podría financiarse vía una mayor cotización previsional, que estiman entre 0,5 y 0,7% adicional.
Precisó que los US$ 500 millones es si se llega a una participación como la OCDE. "Pero si lo hiciéramos de golpe ahora probablemente sea como US$ 350 millones", dijo.
Lo segundo es ofrecer una red de cuidados para personas mayores y discapacitados. Por ejemplo, organizar en cada Junta de Vecinos una unidad de atención y cuidado de ancianos no valentes, remunerada según el número de complejidad de las atenciones, ampliando y fortaleciendo el "Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados" que ya existe.
Combatir sesgos de género, inserción en carreras de ciencias y modificar el régimen conyugal
En el tercer eje, que aborda el incentivo a un cambio cultural, la comisión sugiere combatir los sesgos de género en el sistema escolar a través de, por ejemplo, revisar el material didáctico con la sustitución de personajes estereotipados y la revisión de la formación docente para combatir sesgos. Se considera estimular la inserción de más mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, reservando un porcentaje de cupos prioritarios para mujeres en Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y carreras universitarias en dichas áreas, en la línea del Programa de Ingreso Prioritario de Equidad de Género (PEG) de la U. de Chile.
Otro consejo apunta a modificar las normas del régimen de sociedad conyugal, por ejemplo, posibilitando a ambos integrantes de la pareja la administración indistinta y separada de la sociedad y la administración libre de la mujer de sus bienes propios. En este eje también figura el promover el emprendimiento femenino y potenciar el acceso de mujeres a cargos de liderazgo. En este último punto, se recomienda institucionalizar por ley la cuota de mujeres en directorios de empresas públicas del Estado y promover un programa de colaboración público-privada, por ejemplo, en la línea del "Sello Iguala" para que las empresas listadas en bolsa celebren un acuerdo voluntario en donde se comprometan a: establecer una meta mínima de 16% de mujeres en directorios o equipos gerenciales; y establecer mecanismos y objetivos comprobables para el cumplimiento de la meta de 16%, con plazos y etapas concretas asociadas.
Además, la CNP plantea promover la corresponsabilidad en el cuidado de recién nacidos, otorgando un derecho opcional al padre de tomar un permiso de postnatal parental exclusivo para ellos. En concreto, se propone que si la mujer opta por tomarse las doce semanas posteriores al período de post natal obligatorio en jornada completa, esta jornada completa, correspondiente a doce semanas, pueda ser dividida entre el hombre y la mujer. Así, tanto el hombre como la mujer, con acuerdo de ambos, podrán trabajar media jornada en este período. Sobre este ámbito, se sugiere incorporar en los programas nacionales y regionales de fiscalización de la Dirección del Trabajo el cumplimiento del artículo 195 del Código del Trabajo, que establece el derecho irrenunciable de los padres a un permiso pagado de cinco días cuando nace un hijo. También se considera divulgar la norma de buenas prácticas NCh 3262 y el Sello Iguala Conciliación y potenciar su impacto; y realizar un seguimiento posterior de las políticas y recomendaciones del informe.
Promover adaptabilidad laboral
El segundo eje contempla divulgar las posibilidades contempladas en la reforma laboral que permiten negociar acuerdos colectivos para la conciliación del trabajo con responsabilidades familiares; y evolucionar para la posibilidad de negociación individual. Y, además, sugiere promover la modalidad de teletrabajo aclarando los aspectos de la ley que hoy limitan su aplicación de manera coherente a las características de este tipo de empleo. Ramos insistió en avanzar en este tema, siguiendo una norma que ya está en otros países, ejemplificando con el caso de Inglaterra que fomenta el "el derecho a solicitar". "Que la mujer pueda solicitar y que la empresa no esté obligada a decir que sí, pero esté obligada a responder", dijo. Otra propuesta es extender el derecho de asignación profesional a los funcionarios profesionales del sector público, independiente de si la jornada de trabajo es completa o parcial. También está incentivar la capacitación de mujeres en ocupaciones no tradicionales para ellas, a través de campañas, y mejorar el vínculo entre los programas de capacitación para ellas y las demandas futuras del mercado laboral.