Tal como ha ocurrido en distintos gobiernos, la reforma de pensiones podría sufrir ajustes tras el cambio en el escenario político que dejó el plebiscito constitucional.
Según el experto en pensiones y senior fellow de la UAI, Salvador Valdés, la posibilidad de que la reforma se radicalice, modere o incluso se retrase y deje de ser prioridad para el Gobierno, es una parte menor dentro del reacomodo que significa el “terremoto político” desatado por el plebiscito.
“Interpretar que por que ganó el Rechazo la heredabilidad es un sine qua non, me parecería que no corresponde”.
“La pregunta es si el Presidente estima que las posiciones del Partido Comunista en materia previsional mantendrán su preponderancia o la perderán frente a la del ministro de Hacienda, Mario Marcel”, señaló.
Para Valdés, el resultado del plebiscito dejó un escenario abierto para la propuesta legislativa previsional y, por ello, enfatizó que “es importante que la interpretación de este resultado no se extralimite” a temas sensibles al debate previsional, como por ejemplo, la herencia.
“Interpretar que, porque ganó el Rechazo, la heredabilidad es un sine qua non me parecería que no corresponde. Hay mucha gente en la centroderecha que tiene claro que los sistemas de seguridad social, para que cumplan su rol, tienen que proveer seguros de longevidad, y estos limitan muy severamente la heredabilidad”, explicó.
El experto aplicó el mismo prisma al referirse al debate de la solidaridad ya que, en su opinión, la Pensión Garantizada Universal (PGU) eliminó la solidaridad con foco en las personas más vulnerables, siendo un desafío para el Gobierno devolverla al sistema.
Para salir de este “zapato chino”, según Valdés, hay tres componentes claves que deben abordarse en la propuesta de pensiones: definir los complementos de apoyos estatales para la actual generación de adultos mayores con un modelo mejor que la PGU; aumentar la fiscalización para garantizar que la próxima generación de pensionados tenga mayor densidad de cotizaciones; y, diseñar mecanismos que permitan dirigir más recursos a las personas que llegan a la tercera edad con un mal resultado previsional.
Rol de AFP y Estado
En cuanto a las AFP, Valdés dijo que hay dos problemas que deben ser abordados. Por un lado la incapacidad de fiscalizar cotizaciones que luego derivan en lagunas previsionales de los afiliados; y las utilidades que exhiben, siendo una solución el extender las licitaciones al stock de afiliados.
Sobre el nuevo rol estatal estimó que es un “error grave estatizar la administración de cuentas”.
Por último, en lo que se refiere a nuevos espacios de diálogo, indicó que existe la disposición técnica para participar de un debate, pero depende del Gobierno. “Ellos tienen la iniciativa exclusiva y la responsabilidad. Si no le cumplen a la ciudadanía, les va a repercutir más adelante, en las urnas”, concluyó.
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