Un reajuste nominal de 7% para el periodo diciembre 2019 y noviembre 2020, más la creación de instancias judiciales pertinentes para la defensa del empleo público, libertad sindical, un salario mínimo de $ 500 mil para el sector, seguridad social, bonos, entre otras materias, son parte de las demandas laborales presentadas por la mesa del sector público al Gobierno a inicios de octubre de este año en marco del reajuste anual.
Y si bien las conversaciones entre el Ejecutivo y los funcionarios públicos están en pleno desarrollo, desde el centro de estudios Libertad y Desarrollo sostienen que las conversaciones serán más complejas que en años anteriores.
"Este año, en un contexto de crisis social y estallido de violencia, que determinan importantes necesidades de recursos públicos para financiar tanto la agenda social como la de reconstrucción, le impone una dificultad mayor a esta negociación", sostiene el estudio de LyD titulado "Reajuste del sector público, irrealistas pretensiones de la mesa negociadora".
De acuerdo a los cálculos del centro de estudios, lo solicitado por los gremios del sector público implica un gasto de cerca de US$ 3.500 millones, y el 58% de dicho monto se utilizaría para implementar el alza salarial solicitada.
Además, acusan que la cifra estaría muy por sobre el costo que tuvo la negociación en años anteriores: en 2011 la negociación costó US$ 1.657 millones; en 2012 tuvo un costo de US$ 1.843 millones, en 2013 se desembolsaron US$ 1.766 millones, en 2014 costó US$ 1.972 millones, en 2015 salió US$ 1.534 millones, en 2016 US$ 874 millones, en 2017 se gastaron US$ 1.580 millones y en 2018 tuvo un costo fiscal de US$ 1.604 (sobre esta última cifra información de Dipres asegura que tuvo un costo de US$ 1.820, pero desde LyD explicaron que la diferencia se debe al dólar utilizado para realizar el cálculo).
"Hay que destacar que en la última década sólo dos veces se ha llegado a acuerdo total en la negociación, reflejando su elevada dificultad. La demanda de 7% nominal no sólo considera el reajuste de salarios, sino que también una serie de importantes y múltiples beneficios adicionales", dice el análisis de LyD.
Pero ¿por qué consideran la solicitud de los trabajadores elevada? según detalla el análisis, el reajuste solicitado es excesivo ya que un "adecuado" reajuste de remuneraciones de cualquier sector productivo debe tomar en cuenta dos elementos: la pérdida de valor adquisitivo producto de la inflación esperada y el incremento en productividad laboral del respectivo sector.
"Dado que no hay estimaciones particulares de la evolución de la productividad laboral del sector público, una aproximación podría ser utilizar la productividad laboral de la economía como un todo. Estimaciones fijan este incremento entre -0,5 y 0,5% para los últimos años. Nada indica que se produzcan cambios sustantivos en este indicador en el corto plazo. Con todo, un reajuste nominal como el planteado no tendría sustento económico alguno en la medida que no cambie la eficiencia del sector público", aseguran.
Otra de las razones de LyD para cuestionar las demandas del sector, apuntan a que "dado el importante impacto que tiene esta medida en las finanzas públicas, justo en momentos en que todos los sectores de la sociedad se están viendo afectados por el conflicto social y el estallido de violencia, y en que se está buscando financiar medidas sociales y de reconstrucción de una envergadura importantes, es necesario mostrar responsabilidad con los recursos fiscales".
Negociación
El día de ayer se confirmó que el gobierno propuso que aquellos funcionarios con una remuneración bruta superior a $ 1.500.000 y que pertenecen al décimo decil de mayores ingresos del país -de acuerdo a la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)-, no tengan reajuste. Además, proponen crear dos reajustes escalonados, uno para aquellos trabajadores que ganen entre $ 750 mil y $ 1.500.000 y otro que agrupe a los funcionarios que ganen menos de $ 750 mil brutos mensuales. El primer grupo tendría un reajuste nominal de 1,8% y el otro tendría una mejora salarial de 2,5%.
"No es que a priori la mesa se haya negado a este mecanismo escalonado, es debatible, el punto es que en estas condiciones como fue presentado ha tenido el rechazo de la mesa del sector público. La mesa ha acordado que no puede haber pérdida de poder adquisitivo", afirmó la coordinadora de la mesa, Ana María Gutiérrez.
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