En una extensa -pero también tensa- sesión, este miércoles la comisión de Hacienda del Senado aprobó en general y en particular el proyecto del Ejecutivo que aumenta en US$ 6.200 millones el techo de endeudamiento autorizado para el sector público este año, solicitado por el gobierno en virtud de lo que considera un Presupuesto 2026 que no estaría financiado.
El texto fue visado por la totalidad de los votos de los senadores oficialistas de la instancia (Javier Macaya de la UDI, María José Gatica de RN y Rodolfo Carter, quien es independiente en cupo del Partido Republicano), lo que contrastó con el rechazo de los dos senadores de oposición: los socialistas Gastón Saavedra y Daniella Cicardini.
Ahora, el texto pasa a discusión a la Sala del Senado . En caso de aprobarse en esta última instancia, estará en condiciones de convertirse en ley.
Al cierre de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfatizó que de no aprobarse la iniciativa, el sector público debería acelerar los recortes de gasto previsto para este año, ya que -dijo- el erario de este año enfrenta presiones de gasto no solventadas y deuda a proveedores que no estarían consideradas en el proyecto aprobado por el Congreso a fines del año pasado.
En su exposición ante la comisión, la presidenta del CFA, Paula Benavides, calculó que de aprobarse la mayor autorización de endeudamiento, la deuda bruta del Gobierno Central cerraría este año representando un 43,4% del PIB, tres décimas por encima de lo proyectado por el Ejecutivo. En caso de considerarse un menor crecimiento del PIB, de 1,7%, el ratio aumentaría a 43,6%.
El mensaje del CFA
Si bien no era el objetivo de la convocatoria, la presentación de Benavides terminó centrándose principalmente en el informe que publicó el lunes el organismo, en el que desecharía la denuncia de Quiroz de que errores de cálculo del gobierno anterior habrían derivado en un aumento de la proyección de deuda pública que no estaría debidamente contabilizada en las proyecciones entre 2026 a 2030.
Esto, dijo en su momento el ministro de Hacienda, se origina porque -en sus palabras- entre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer y cuarto trimestre del año pasado -elaborado por la administración de Gabriel Boric- habría US$ 10.600 millones de empeoramiento del déficit fiscal proyectado que no se reflejaron en mayores requerimientos de deuda para el lapso 2026-2030.
En el informe del lunes, el CFA desestimó que hubieran "inconsistencias aritméticas" entre ambos informes, señalando que las cifras cuadraban internamente. Quiroz matizó dicha conclusión señalando que dichos números no tenían un respaldo ni una trazabilidad y que eran cifras "inventadas" e "imaginarias".
Ante las consultas de los senadores Macaya y Cicardini, Benavides profundizó este miércoles en dicho informe, aclarando que las cifras que construyeron los escenarios entre los IFPs cuestionados cuadraban internamente, pero que faltaba la trazabilidad y la fundamentación de de lo que se denominan las partidas de "otorgamiento neto de préstamos" y "flujos de consolidación". En los IFPs, dichas partidas se reducen en $ 5,5 millones y $ 5,6 billones, respectivamente, lo que deriva en que "cuadren" las cifras entre el empeoramiento del déficit y el mayor endeudamiento.
Primero, Benavides enfatizó que esta situación había ocurrido a lo menos seis veces previamente desde que los IFPs son trimestrales. O sea, desde 2019, por lo que advirtió que discrepancias en los números no son un caso aislado.
"En relación a si esto ha ocurrido o no ha ocurrido antes, nosotros mostramos en este anexo que no es un caso aislado. El gráfico que usted mencionaba, presidente (en referencia al senador Macaya) incorpora distintos momentos en el tiempo, desde que tenemos Informes de Finanzas Públicas trimestrales, que esto es desde el año 2019, donde identificamos seis casos en que la variación proyectada de la deuda se contuvo o incluso, a pesar de que había aumentado el déficit proyectado, podía haber disminuido. ¿Por qué? Porque hay otras variables que afectan, ya sea un mayor uso de activos o menores flujos de consolidación", reveló ante los senadores.
De hecho, la presidenta del CFA reiteró que la conclusión a la que llegó el Consejo es que los cuadros de necesidades de financiamiento -que finalmente resultan en cómo el Fisco financia ese mayor déficit- entre ambos IFP "eran internamente consistentes y que se podían identificar cuáles eran las medidas que compensaban el déficit", lo que no obsta -dijo- de que faltaban antecedentes para darle un seguimiento a esos números.
"No está disponible toda la trazabilidad o toda la información respecto de sus supuestos", reforzó la presidenta.
Sobre la recuperación de préstamos, Benavides explicó que el monto podría estar "sobrestimado" por parte de la autoridad, recordando que en el Presupuesto 2025 hubo una sobreejecución relevante de este monto.
"También hemos puntualizado que en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de este año no se modificó este supuesto, tampoco para los años 2027 al 2030. Es decir, el supuesto respecto de recuperación de préstamos en la última información disponible para los años 2027 a 2030 es equivalente al supuesto que estuvo incorporado en el IFP del cuarto trimestre", agregó, haciendo también un llamado: "Volvemos a reiterar e insistir en que se requiere más información sobre estas líneas, que juegan un rol importante en las necesidades de financiamiento y que, por ejemplo, se requiere disponer de los supuestos de cómo están proyectadas las tasas de recuperación de los préstamos, los calendarios de recuperación y otros elementos más que mencionamos".
Respecto a los flujos de consolidación, explicó que son una variable residual del cuadro de usos y fuentes que permite conciliar los usos y las fuentes de financiamiento, por lo que reflejan un margen de operaciones financieras internas del sector público que inciden en las necesidades de financiamiento. Ahí se alojan por ejemplo la capitalización de empresas públicas, el pago de los bonos de reconocimiento, y el otorgamiento de préstamos.
"Y como señalamos en el informe, no se cuenta con antecedentes para poder reconstruir este monto ni tampoco los criterios utilizados. (...) ni el Informe de Finanzas Públicas anteriores ni en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 se han explicitado supuestos sobre la fluctuación que tienen los flujos de consolidación. Por lo tanto, lo que hemos identificado es más bien una necesidad más institucional de poder tener mayor información. Un desafío o una brecha institucional que requiere que se avance en un conjunto de medidas para contar con mayor información de estas transacciones de activos y pasivos financieros que inciden en las necesidades de financiamiento", cerró la timonel del Consejo.