Un nuevo antecedente se agregó al debate sobre el financiamiento del proyecto que crea la Pensión Garantizada Universal (PGU), luego de que esta tarde el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) enviara al Congreso un informe analizando las fuentes para solventar la iniciativa.
Esto, luego de una solicitud de parlamentarios de oposición de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.
En el análisis, el CFA recomienda al Ejecutivo echar mano a otras fuentes de financiamiento además del ajuste o eliminación de algunas exenciones tributarias, apuntando al uso de recursos desde el Presupuesto 2022 y la programación financiera para 2023 y 2026.
De hecho, la entidad sugirió a Hacienda "buscar" fórmulas legislativas para procurar que el proyecto de financiamiento vía exenciones se despache del Congreso antes o al mismo tiempo que la entrada en vigencia de la PGU. Ambas medidas fueron ingresadas en proyectos distintos por parte del Ejecutivo.
"Lo prudente es asegurar ingresos permanentes por un valor al menos equivalente a 0,95% del PIB anual en régimen para financiar de manera sostenible la PGU", sentenció la entidad, presidida por Jorge Desormeaux.
Para llegar a esa conclusión, el CFA observó en su análisis que las fuentes de financiamiento de la PGU tienen distintas implicancias sobre la situación fiscal. Así, planteó ciertas "precauciones" y sugirió "revisar y reemplazar algunas fuentes de financiamiento con el objetivo de asegurar que esta política pública pueda implementarse "adecuada y sosteniblemente".
En cuanto a la provisión de los mayores gastos previsionales incluidos en la Ley de Presupuestos 2022 y en la programación financiera 2023-2026, el CFA señaló que su uso para la PGU no significaría "conceptualmente" un deterioro para el balance estructural, al menos respecto de lo ya proyectado hasta 2026, por lo que,"en un principio, no afectaría la deuda bruta ni neta del gobierno".
"Esto, asumiendo que la ley larga de pensiones no se aprueba, ya que no podría usarse la misma fuente de financiamiento para dos proyectos distintos", señaló el organismo.
Sin embargo, el Consejo identificó "una serie de precauciones y limitaciones respecto de esta fuente de financiamiento" y planteó que un análisis de sostenibilidad de largo plazo "no debiera basarse en una programación financiera de mediano plazo, menos aún en un contexto de déficit estructural".
"De esta forma, se identifican desafíos y riesgos para la consolidación fiscal si se considera esta provisión como financiamiento permanente", señaló el documento.
Uso del FRP
El Consejo también abordó el uso de mayores ahorros del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) para solventar la PGU, al reducir de 0,2% a 0,1% del PIB el aporte anual que debe hacer Hacienda, señalando que en la práctica "implica una menor acumulación de ahorro para el financiamiento de los gastos previsionales futuros, para destinarla a gasto corriente en pensiones".
Así, según el CFA, "en cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados".
A la vez, la entidad planteó que que la deuda neta aumentaría, debido a que el cambio implica un menor ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad.
"En base a este análisis, el Consejo sugiere su reemplazo por otra fuente de financiamiento con características de permanente", concluyó el CFA.
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