“Hemos perdido ocho meses, el equipo original que se designó al principio de este Gobierno ya no existe, no están las dos ministras (Interior y MDS), tampoco el delegado presidencial en La Araucanía. Pero me parece que este es un nuevo comienzo y le deseo el mejor de los resultados”. Así resume el exministro de Desarrollo Social de la administración del expresidente Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, el anuncio de crear una Comisión por la Paz y el entendimiento en La Araucanía.
Celebra, además, que el debate aborde el tema de la restitución de tierras, porque recuerda que la Ley indígena es de 1993 y “ha ido creando situaciones difíciles de resolver”. Y lo lleva a cifras: hoy estima en 700 las comunidades que tienen habilitación, es decir, un documento del Estado que les otorga derechos a entrega de tierras, y centenas de otras en ese proceso, mientras el número de tierras que se traspasan va 15 a 20 al año.
En paralelo, Moreno dice que se crean del orden de 200 comunidades al año para una entrega de campos a 20 años. “No está claro a quién entregarle, no hay certeza de cuándo se van a entregar y eso causa mucha frustración y es parte del combustible del conflicto”, afirma.
Y si en 1993 había 1.300 comunidades, hoy hay del orden de 3.500. “Lo que ha planteado el Presidente de que hay que ir más allá de la Ley indígena para tener una solución clara y definitiva conversando con las comunidades, es positivo”, dice.
A su jucio, “estamos en un buen momento para avanzar en una solución, porque hoy la gente tiene una reacción frente a la violencia mucho más clara que hace un par de años”.
De todas formas, advierte que en el actual gobierno de izquierda “muchos de sus integrantes estuvieron en contra de todas las modificaciones a las leyes para luchar contra los grupos violentistas organizados” y que hoy se han dado cuenta de que “solo se pueden desarticular con buenas leyes de inteligencia, antiterrorista y contra el crimen organizado. Muchas de esas leyes estuvieron detenidas por algunos años y hoy están empezando a avanzar”.
Presiones a Conadi
Moreno señala que hay que resolver el problema de tierras clarificando quién tiene derechos, “porque acá hay muchas medidas de presión para que al final la Conadi termine comprando esos terrenos, y se hace caso omiso a que los campos tomados o usurpados no pueden ser comprados, y si se hace un análisis de quiénes son los que han recibido más cantidad de tierras, son las comunidades violentas”.
Agrega que en la acción de la Conadi “no está claro cuánta tierra hay que comprar, a quién, cuándo se van a entregar”.
Otro problema que advierte Moreno es la forma de entrega: “Lo que piden es que se les entregue en forma individual, pero lo reciben en forma colectiva y lo tratan de dividir y se crean muchos conflictos incluso dentro de las propias comunidades”. Y aquí se abre el flanco del tema de la inherabilidad de la tierra, “porque no se entrega a nombre de las personas, sino que de las comunidades”.
Considera que para lograr una solución también se necesita la participación de las forestales. “Lo que vi cuando estuve a cargo del tema fue la mejor disposición de colaborar en la solución de los problemas, naturalmente les interesa mantener sus derechos y su actividad”.
Y pone como ejemplo el caso de Nueva Zelanda, donde las tierras que se entregaron a las comunidades maoríes son prácticamente todas forestales. “Muchas comunidades terminaron realizando la actividad forestal y han significado un beneficio importante para ellas”, señala.
A propósito de la comisión de paz, Moreno sostiene que “todos deben estar disponibles, este es un tema país, nadie se puede restar a colaborar en algo tan necesario para el bien del país” y remarca que “la única manera de enfrentarlo es con unidad política de todos los sectores, porque -de lo contrario- se transforma en un arma de la oposición al gobierno de turno”.
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