La solicitud de una de las dos coaliciones de Gobierno, Apruebo Dignidad, de congelar la tarifa del transporte público por, al menos, todo 2023, recibió una contundente desaprobación de parte de los expertos que participan en el Panel de Políticas Públicas de la Universidad Católica.
Ante la afirmación de si “sería aconsejable que, por ahora, el precio del transporte público se mantenga congelado”, un 80% de los participantes se mostró en desacuerdo (66%) o muy desacuerdo (14%). Una proporción muy por sobre el 9% que se manifestó “en acuerdo” y el 6% correspondiente a la alternativa “muy en acuerdo”.
El consenso del panel es que el congelamiento de la tárifa del transporte es una mala política pública.
En este contexto, un 6% se declaró neutral.
De este grupo, un 54% de las personas dijo estar “seguro” de su postura, mientras que un 20% se manifestó “muy seguro”.
La consulta realizada por la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, en alianza con Tele13 Radio y Diario Financiero, recopila las respuestas de 36 profesionales, incluidos economistas y no economistas de distintas sensibilidades políticas.
El escenario del sector
La tarifa del transporte público en el país se mantiene congelada desde 2019, luego que el aumento de $ 30 fuera la causa de las manifestaciones estudiantiles que dieron inicio a las movilizaciones que terminaron en el estallido del conflicto social.
Pero el trasporte público ha tenido un aumento en sus costos de operación. Desde octubre de 2019 hasta igual mes del presente año, el Indice de Precios al Consumidor (IPC) ha registrado un alza de 23,1%.
En paralelo, el dólar -otro de los componentes que influyen en los precios de la movilización- ha subido $ 189,5 al pasar desde $ 726,3 a los $ 915,8.
Lo mismo ha sucedido con el valor del petróleo, que ha público alcanzaba en la Región Metropolitana a $ 605 por litro en octubre de 2019, y a noviembre actual se ubica en $ 1.177 por litro .
Lo anterior, en un contexto en que crudo referencial WTI saltó de US$ 53,9 por barril a US$ 76,6 en el período.
El propio ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló hace unos días que la tarifa “no puede ser congelada para siempre”, lo que el propio Presidente Gabriel Boric también ratificó.
Vittorio Corbo, ExPresidente del banco Central de Chile.
“Hay que priorizar los subsidios del Estado y después de varios años congelado es básico comenzar a ajustar este precio junto con mejorar la fiscalización”.
Susana Claro, Académica Escuela de Gobierno UC.
“Esta decisión debe diferenciarse por grupos; por ejemplo es importante no aumentar barreras para asistir a clases (en el caso de estudiantes), pero no olvidar que solo se beneficia a quienes viven en Santiago. Debiéramos avanzar a tarifas diferenciadas según intensidad de uso, como el pase mensual vs. ticket individual, lo que da mayor espacio para focalizar la política a quienes están más afectados”.
Alejandro Ferreiro, ExMinistro, Espacio Público y U. de Talca
“El precio congelado supone un subsidio importante que el fisco debe asumir en tiempos de estrechez fiscal. Debemos tratar de reponer el autofinanciamiento operativo del transporte público como regla país para evitar déficit crónico, creciente y luego muy difícil de revertir políticamente. Se puede hacer gradualmente, pero debe comenzar a converger la tarifa con los costos del servicio”.
Valentina Quiroga, Directora Ejecutiva Horizonte Ciudadano.
“En general no estoy de acuerdo con congelar precios, considero que transferencias focalizadas serían una mejor política, o bajar precios para una parte de la población, pero bajo la alta inflación actual sería muy complejo seguir encareciendo el costo de la vida por lo que estaría de acuerdo con posponer por un tiempo cualquier alza”.
Ignacio Irarrázaval, Director Centro de Políticas Públicas y profesor UC.
“El alza de tarifa nunca será en un momento oportuno. La sociedad ha internalizado la situación inflacionaria en la que estamos. Es conveniente dar una señal gradual de ajuste de los precios, asociada también a mejora en la eficiencia y control de la evasión del Transantiago”.
Lucia Santa Cruz, directora de empresas y profesora universitaria.
“La prioridad debería ser establecer mecanismos para controlar la evasión, como se hace en todos los países”.
“Una mala política”
El profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Roberto Méndez, dijo que sorprende el consenso alcanzado respecto a que una política pública tan sensible para la opinión pública.
De hecho, al revisar las respuestas de los panelistas se observa un acuerdo que traspasa la orientación política.
Méndez afirmó que los economistas, independiente de su posición, se muestran todos en contra de una fijación de precios. “Fijar precios aparece como una mala política porque podría significar entrar después en una espiral”, es una de las frases que destaca en el panel indicó.
A juicio de los consultados, más que congelar valores sería mejor realizar transferencias focalizadas a los más necesitados y no a toda la población.
Asimismo, los técnicos enfatizan que sería importante trabajar en evitar la alta evasión que se registra actualmente en el sistema de transporte.
La cifra de pasajeros que evaden el pago del servicio es del 40,2% en el primer semestre de 2022, según el Ministerio de Transportes.
Para Méndez, el consenso alcanzado llama la atención por lo sensible que ha sido en la historia del país el precio del transporte público, que se ha transformado en una expresión de malestar de la población. “Este es un precio que históricamente ha sido sensible para la población “, señaló el profesor de la Escuela de Gobierno de la PUC.
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