La investigación de las irregularidades en que habría incurrido la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, ha escalado vertiginosamente en las últimas semanas; amenazando no sólo con destapar un nuevo caso de financiamiento irregular de la política, que podría llegar hasta La Moneda, lo que constituye una mala noticia para la democracia; sino también con perjudicar el resultado de la primaria oficialista, dando otro elemento de ventaja a la oposición.
Es una mirada que comparten expertos y parlamentarios de Chile Vamos, aunque la mayoría prefiere no expresar este punto de vista públicamente. No es el caso del senador de Renovación Nacional (RN) Carlos Kuschel, quien no tiene dificultad en admitir que “ya se está utilizando” el tema en las campañas, por lo que no duda en que “es un elemento de mucha ventaja” para la derecha, aunque reflexiona que “la política es cosa viva y nosotros, como sector, cometemos errores en los momentos más inesperados”.
Tanto es así, que el cientista político Kenneth Bunker advierte que esta situación no sólo irrumpe en la primaria oficialista, sino que algunas encuestas ya dan cuenta de que desde la izquierda y el propio Frente Amplio (FA) entienden que los denunciados son actos de corrupción y no espionaje político. Por lo que no descarta “algún tipo de castigo de la propia base” del Gobierno. Lo que, además, complicará al Ejecutivo para cerrar bien este último año, “impidiendo que el Gobierno pueda poner ciertos temas en la agenda”. Junto con ello comparte la convicción de Kuschel en orden a que esta polémica beneficia a las oposiciones.
El cientista político Kenneth Bunker no descarta “algún tipo de castigo de la propia base” del Gobierno. Además, impedirá “que el Ejecutivo pueda poner ciertos temas en la agenda”, señala.
“Fortalecer la política tradicional”
No obstante, no descarta que candidatos presidenciales independientes, como Franco Parisi o Marco Enríquez-Ominami, pudieran redituar con lo sucedido. Incluso, Bunker va más allá, señalando que “también puede fortalecer la candidatura de Carolina Tohá, ya que a pesar de ser oficialista, se hace una distinción por parte de la ciudadanía, en comparación con Winter o Jara, que son más vistos como parte del espíritu del Gobierno”.
Pero insiste en que este caso permite que “se asocie el oficialismo a la corrupción”, porque, por lo que se percibe, “la derecha no está asociada a él, como sí lo estuvo en otros casos anteriores”. Y añade que sí afecta a las generaciones nuevas del FA y la izquierda que no habían gobernado antes, un sector “que se presentó como puro, como portador de transformaciones importantes, sustanciales” y que con esta situación dejaría en evidencia que “tenía una cierta intención de enriquecerse ilegítimamente o de desviar fondos para mantenerse en el poder”.
En todo caso, lo sorprendente es que, desde el punto de vista de Bunker, a partir de este “escándalo” –como lo calificó el columnista de El Mercurio Carlos Peña-, podría producirse “una catarsis con respecto a lo que significa el recambio en el poder, sobre todo la renovación por parte de generaciones más nuevas. Eso va a estar bastante afectado. Y, en cierto modo, contraintuitivamente, podría fortalecer la política tradicional, personas que vienen de generaciones anteriores podrían verse fortalecidas porque, quizás, se pueden presentar ahora como el mal menor”.
“Supraestándares hipermoralistas del Frente Amplio”
El diputado socialista Raúl Leiva, lamentó las filtraciones de procesos judiciales que provocan juicios anticipados “y descontextualizados”. Pero también admite que cualquier situación como esta “que afecta a personas que participan en política tiene necesariamente efectos políticos y estas filtraciones siempre son intencionadas políticamente”, por lo que se debe condenar cualquier acto de corrupción –sostiene– y el financiamiento irregular de la política no sólo debe ser investigado, sino duramente sancionado. Aunque Leiva fue categórico en que “no existe ningún elemento de juicio, en estas filtraciones o lo que conocemos, que establezca una vinculación con el Presidente de la República”. Adicionalmente, destacó la “consecuencia” de Tohá en este aspecto.
En este contexto, el exdirector ejecutivo del capítulo chileno de Transparencia Internacional y actual miembro de la junta directiva de Transparencia Internacional Alberto Precht tiene la convicción de que la lucha contra la corrupción va a ser un tema de campaña, por lo que quienes estén probadamente involucrados muy probablemente serán castigados por la ciudadanía, vaticina. Y agrega que “la lápida la pusieron los mismos estándares o supraestándares hípermoralistas que estableció el Frente Amplio, cuando hizo una oferta de gobierno para Chile”.
Precht recuerda cuando se legisló en torno al financiamiento irregular de la política estuvo entre quienes alertaron acerca de la creación de fundaciones y del rol que podrían llegar a jugar estas en el financiamiento ilegal de la política. “Esa alerta no se tomó en cuenta a su debido tiempo y hoy día se está pagando haber hecho una muy buena reforma, pero que claramente quedó incompleta”.
Y si bien señala que estos casos afectan a la fe pública, también reconoce que “es difícil que la política pueda tener menos confianza de la que tiene”, lo que es muy grave para la democracia –subraya el abogado–, porque “abre espacios para que determinados sectores sientan que lo que se necesita es otro sistema de gobierno. (Aunque) finalmente, hay que decir que cualquier sistema de gobierno que no sea democrático va a ser muchísimo peor, sobre todo en materias de corrupción… para qué decir que las dictaduras de izquierda o derecha siempre son más corruptas que cualquier tipo de democracia”.
“Esto sin duda es un retroceso”
Al expresidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, diputado Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas) le preocupa que tanto las filtraciones de distintas causas desde la Fiscalía, y actualmente del caso PorCultura, como las declaraciones al respecto, estén “impactando y ensuciando el ambiente político” y, más aún, porque está convencido de que “seguramente esta va a ser la tónica de la campaña presidencial y parlamentaria de este año. Y creo que, en ese sentido, hay que estar preparado”, previno.
En este escenario, apeló a la responsabilidad, ya que el caso ProCultura –o cualquier otro– está en etapa de investigación, “no se puede imputar públicamente ni criticar, ensuciar o denunciar a alguien, porque hasta el minuto no hemos conocido sentencia”. Y plantea un desafío a la comisión que encabezó de tramitar una iniciativa que regule, controle y evite las filtraciones”, para no llegar a un ambiente de judicialización de la política. Calisto comparó lo que ocurre actualmente con la forma del Frente Amplio de afianzarse en política: “Recordemos toda la crítica que hizo Gabriel Boric a la Concertación, ellos se hicieron espacio en la escena política destruyendo a la Concertación; algo similar ocurre hoy día con la extrema derecha” y advierte que “me parecen complejas las condenas previas, porque le hacen mal a la democracia y al ambiente político”.
Por su parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT) Marcelo Drago comparte que “muchos debates sobre otras materias se verán postergados”, porque el caso ProCultura y, por tanto, la corrupción va a ser uno de los temas dominantes de esta primaria, porque “pone un grave manto de duda, sobre el cual algunos de los candidatos van a tener que explicar o alejarse”. Lo peor, desde el punto de vista del experto, es que “nadie gana con esto. El deterioro en la confianza sobre la actividad política es de carácter transversal, el reproche es a la clase política en su conjunto, no a un sector específico. La política y la democracia pierden”.
Respecto de cuánto pueda afectar al Gobierno y, por tanto, al oficialismo, dependerá de “si se comprueba que los recursos de la fundación terminaron en campañas políticas de cualquier tipo”. De ser así “el golpe a la credibilidad puede ser muy fuerte, dado el relato con que llegaron al poder. Pero, la verdad, de lo que se ha conocido, no hay ninguna prueba muy fehaciente de eso”.
Y haciendo un repaso hacia atrás, recuerda que las reglas de financiamiento electoral sufrieron una profunda trasformación a partir de 2016, fruto del trabajo de la Comisión Engel, “que derivó en un sistema muy estricto, pero con financiamiento público, verdaderas rendiciones de cuenta y transparencia. Si de verdad esto falló, va a requerir una revisión profunda. Pero hasta el momento no veo pruebas muy claras de eso”. En cualquier caso, esto es –a juicio de Drago– “una piedra más y una muy fuerte, que abona a la desconfianza ciudadana. Esto sin duda es un retroceso”.
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