DOLAR
$951,56
UF
$39.224,63
S&P 500
6.309,62
FTSE 100
9.023,81
SP IPSA
8.118,91
Bovespa
134.036,00
Dólar US
$951,56
Euro
$1.116,76
Real Bras.
$171,02
Peso Arg.
$0,76
Yuan
$132,74
Petr. Brent
69,00 US$/b
Petr. WTI
65,71 US$/b
Cobre
5,76 US$/lb
Oro
3.438,52 US$/oz
UF Hoy
$39.224,63
UTM
$68.923,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Lunes 2 de diciembre de 2019 a las 04:00 hrs.
Con la creación de la Dirección General de Concesiones (DGC) en 2017 se ideó un plan para mover sus instalaciones debido al crecimiento orgánico que se contemplaba.
Según se desprende del plan quinquenal que presentó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la Cámara de Diputados a mediados de noviembre, debido a problemas de espacio y la proyección de dotación futura, se hacía imperativo moverse de la actual ubicación, en calle Merced 753, en Santiago Centro.
“Considerando una proyección de 380 funcionarios a 2023 –actualmente son 298- se implementará la contratación de una consultoría para ver alternativas disponibles en el mercado”, se señala.
Pese a que el pipeline consideraba tener una nueva sede el próximo año, debido a que “a la fecha no se ha encontrado una alternativa en términos de eficiencia y costo mejor que la actual, sumado a la situación que vive el país”, es que el plan fue descartado y en su lugar, se optó por arrendar nuevos espacios en el mismo edificio. Lo anterior, porque el presupuesto 2020 aprobó la contratación de 28 personas.
La DGC tiene contrato con tres inmobiliarias que expiran el 31 de diciembre, pero “procederán a renovarse prontamente”.
Estudio sostiene que solo once de las 34 comunas del Gran Santiago tienen aprobado su PIIMEP, a pesar de que -se afirma- ya están recaudando recursos por esta vía desde 2021.
En total, se trataría de 1.910.610 consultas y 312.628 cirugías en todo el país, que podrían realizarse si se usa la totalidad de la capacidad de los prestadores privados y aplicando criterios de movilidad de pacientes y recursos médicos.
El Consejo de Corfo define qué proyectos de investigación y desarrollo se financian con el dinero de los contratos de arriendo del Salar de Atacama. Hasta ahora, ambas compañías han entregado unos US$ 200 millones.
La medición también constató que el 22,2% de las personas asalariadas, independientes y trabajadoras de casa particular percibió haber estado expuesta a conductas ofensivas en su lugar de trabajo.