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REGÍSTRATE AQUÍ"Para facilitar y decidir en qué áreas del país se pueden construir plantas de energía", dijo el Ceo de Antofagasta.
Por: Diario Financiero Online/agencias
Publicado: Martes 16 de octubre de 2012 a las 09:54 hrs.
"Necesitamos una mayor participación del Estado, para tener una política de Estado sobre energía para el largo plazo". Con estas palabras se refirió el presidente de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, a los problemas e incertidumbre del sector minero por el suministro de energía que pone en riego millonarias inversiones del sector.
En una entrevista con Reuters, el ex mandamás de Codelco advirtió que se necesita esta mayor participación del Estado no para construir unidades de generación, "sino para facilitar y decidir en qué áreas del país se pueden construir plantas de energía".
"Porque hoy, para todos los nuevos proyectos, nadie quiere la planta de energía en su región", dijo el ejecutivo.
En ese contexto, Hernández dijo que la falta de energía "ciertamente" es un problema que está afectando a los proyectos mineros y que " no está claro todavía si vamos a tener energía disponible a tiempo"..
Hernández dijo que entre 2004-2005, un 40% de la producción chilena estaba en el más bajo cuartil de costos. En el 2020, esa proporción podría ser tan baja como el 10-15%.
El indicador elaborado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC) volvió a subir en julio y confirmó una mayor incorporación de inteligencia artificial entre las empresas. Sin embargo, la mayoría anticipa un bajo impacto sobre los puestos de trabajo y las diferencias de adaptación tecnológica según tamaño siguen siendo significativas.
“Hay muchos servicios que hoy día el sistema puede prestar y que van a mejorar la percepción de los ciudadanos y de los usuarios y no necesariamente bajar las tarifas, porque creo que es una pésima señal”, enfatizó Carlos Cruz.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.