Otra semana dura está cerrando el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). El lunes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos a su Consejo Directivo -junto a ocho eléctricas- por el apagón del 25 de febrero. Esto, en medio de la discusión que se ha levantado por los seguros involucrados, ya que el organismo es financiado por todos los consumidores del sistema a través del cargo único.
Fue tal la polémica generada, que el 31 de julio el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla, envió un oficio al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo, en el que solicita diversas informaciones en relación a la contratación de seguros de responsabilidad civil "para cubrir riesgos en responsabilidades de operaciones y actividades del CEN".
“Los integrantes del consejo directivo reafirmamos que, ante la eventual imposición de sanciones administrativas, estas serán absorbidas de manera individual por cada uno de los eventuales sancionados”.
Junto con responder a la CNE, en una declaración, el Consejo Directivo zanjó el debate, asegurando que no se destinarán recursos del organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico al pago de eventuales multas personales.
Según explicaron, el Coordinador debe proporcionar defensa legal a los miembros de su Consejo Directivo, y que responderá civilmente por los hechos en que aquellos incurran en el ejercicio de su cargo. "Esto justifica que se adopten medidas preventivas adecuadas para resguardar dicha responsabilidad", dijeron.
Lo anterior, alude a la Ley 20.936 que crea el Coordinador Eléctrico, la cual en el artículo 212°-9 señala que "los consejeros y el Presidente serán personalmente responsables por las acciones que realicen y las decisiones que adopten en el ejercicio de su cargo, así como de su ejecución, debiendo responder administrativamente conforme a lo señalado en el inciso sexto del presente artículo".
Sin perjuicio de lo anterior, se añade, "el Coordinador responderá civilmente de los hechos de los miembros del Consejo Directivo, incurridos en el ejercicio de su cargo, salvo que aquellos sean constitutivos de crímenes o simples delitos. Según corresponda, el Coordinador tendrá derecho a repetir en contra de él o los consejeros responsables".
Desde el organismo, indicaron que el Coordinador ha mantenido contratada desde su creación en 2017 una póliza de responsabilidad civil tipo D&O (Directors & Officers), "instrumento estándar ampliamente utilizado en entidades públicas y privadas, que forman parte de las buenas prácticas de gobernanza para proteger a directivos y ejecutivos ante imputaciones por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones".
Esta medida preventiva -precisan- no cubre conductas dolosas y busca proteger los recursos del Coordinador de forma institucional frente a eventuales gastos jurídicos, evitando que se afecte el cumplimiento de funciones esenciales para la operación continua del Sistema Eléctrico Nacional.
En esa línea, añaden que esta póliza tiene condiciones generales y textos estándares, los cuales están depositados en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y su costo representa un porcentaje equivalente al 0,02% del presupuesto anual de la institución. Es decir, aproximadamente US$ 12.000 anuales para toda la organización.
Recursos del organismo y multas
Como parte de la aprobación de su presupuesto anual, se señala que el Coordinador ha informado oportunamente a la CNE la existencia de esta y otras pólizas de seguros, como una póliza de Responsabilidad Civil General (por nuestras oficinas), Protección de Datos (Ciberseguridad) y Accidentes Personales.
"Este tipo de pólizas es una práctica habitual en entidades que cuentan con órganos colegiados de alto nivel decisional, como ocurre en empresas del Estado y organismos autónomos. Además, se encuentra alineada con recomendaciones de organismos internacionales como la IFC del Banco Mundial, que promueven mecanismos de protección legal para quienes ejercen funciones de dirección en instituciones estratégicas, permitiéndoles actuar con autonomía y diligencia", se detalla.
Y sentencian: "Como Consejo Directivo negamos rotundamente que se pretenda destinar recursos del Coordinador hacia el pago de eventuales multas personales".
Asimismo, enfatizaron que "los integrantes del Consejo Directivo reafirmamos que, ante la eventual imposición de sanciones administrativas, estas serán absorbidas de manera individual por cada uno de los eventuales sancionados. Estas pólizas no interfieren ni atenúan nuestras obligaciones legales, ni eximen el deber de rendir cuentas, ni de preparar activa y responsablemente nuestra defensa".