La inteligencia artificial (IA) está impulsando una transformación obligada en prácticamente todas las actividades, y el mundo legal no queda al margen de ese reto. Pero, más allá de la reflexión interna, ¿qué están haciendo los estudios jurídicos para controlar el uso de esta tecnología en la práctica de sus abogados?
El socio de Barros & Errázuriz, Andrés Rodríguez menciona que en el caso del estudio, este transitó desde una etapa exploratoria hacia un uso integrado y regulado de la IA, con protocolos internos claros, un comité que supervisa su implementación y capacitaciones permanentes para el equipo.
En Cariola Díez Pérez-Cotapos, en tanto, el uso de esta tecnología contempla políticas, supervisión de un comité de IA y capacitaciones. “Nuestra política de uso responsable de IA establece reglas claras, incluyendo el uso exclusivo de herramientas previamente autorizadas, la prohibición de ingresar información confidencial en plataformas no seguras y la obligación de revisar todo contenido generado con IA antes de su utilización”, detalla la socia del área de Tecnología del estudio, Carolina Flisfisch.
Más que controlar, plantea la socia de HD Compliance, Rebeca Zamora, buscan gobernar la IA desde las personas. Según explica, hace años entendieron que ninguna política, procedimiento o sistema de seguridad es realmente efectiva si no se sustenta en una cultura de responsabilidad y en la ética profesional. Por eso, dice, “nuestro principal foco ha sido desarrollar capacidades, criterio y conciencia sobre los riesgos y oportunidades que trae esta tecnología”.
Detalla que cuentan con una Política de Uso Responsable de IA y Tecnologías, capacitaciones permanentes y un comité especializado que evalúa herramientas y riesgos. Sin embargo, sostiene que tienen una convicción: “La IA es una herramienta de apoyo, pero la responsabilidad, el criterio y la toma de decisiones siguen siendo humanos e indelegables”.
Paulina Silva, managing partner de Bitlaw, estudio jurídico especializado en tecnologías, puntualiza que un error común es pensar que una política de IA es un documento jurídico cuando en realidad “es un instrumento de gobernanza tecnológica”.
Cuenta que desarrollaron un manual interno de uso de IA y una especie de Prompting Playbook que van mejorando constantemente. Además, “realizamos un due diligence bien exhaustivo antes de contratar las soluciones, donde finalmente optamos por combinar una plataforma chilena y una internacional, con igual acceso para todos”.
En el camino, las principales dificultades para “regular” el uso de la IA en los abogados ya están identificadas. Flisfisch puntualiza que el principal desafío es encontrar un equilibrio adecuado entre promover la innovación y eficiencia, resguardando estándares estrictos de calidad y confidencialidad. “Más que un enfoque restrictivo, nuestro enfoque es incentivar un uso controlado con reglas claras, capacitación continua y una cultura organizacional que enfatice la responsabilidad profesional en el uso de estas tecnologías”, dice.
Pero también se resiente el hecho que la tecnología corre más rápido que la norma. De ahí que, para Zamora, “la regulación no debe ser un freno, sino una brújula. El desafío no está en crear una nueva regla cada vez que aparece una herramienta, sino en preparar a las personas para tomar buenas decisiones en un entorno que cambia constantemente”.
Silva coincide que la principal dificultad es que la tecnología evoluciona más rápido que cualquier política interna, lo que hace que un manual de IA no pueda ser un documento estático.
Para Rodríguez, la principal dificultad es de orden tecnológico y ético: “El riesgo de sesgos y de errores o ‘alucinaciones’ generados por estas herramientas, así como la necesidad de resguardar la confidencialidad y el criterio jurídico propio de un estudio como B&E”. Para enfrentar estas dificultades, precisa, “la regulación interna se apoya en límites claros: tenemos prohibido procesar información sensible en estas plataformas, el uso de IA siempre está sujeto a la supervisión de socios, y la IA nunca se emplea para asesorar directamente a clientes, sino exclusivamente como apoyo”.
Una duda es si el uso de la IA en los abogados se ha convertido en un riesgo relevante, considerando que un mal uso de esta puede poner en juego la credibilidad de las firmas. “Si bien el riesgo existe, nuestro principio rector es que el juicio profesional del abogado es irremplazable y que ninguna herramienta automatizada exime de la obligación mínima de revisión de fuentes legales y normativa aplicable al caso concreto”, dice Rodríguez.
Silva sincera que “sería pueril no analizar desde el riesgo este cambio radical en las herramientas de trabajo y en el modelo de negocios mismo”. Eso sí, dice, “no creo que el riesgo principal sea que la IA alucine: nuestra labor fue siempre verificar información de múltiples fuentes. El verdadero riesgo es que esta ilusión de certeza haga disminuir con el tiempo el nivel de revisión humana”.
Las dudas de clientes
¿Y hay preocupación en los clientes por el uso de IA de sus abogados? Zamora reconoce que lo que han observado es una “evolución en la conversación”: “Hace algunos años los clientes preguntaban si utilizábamos IA; hoy preguntan cómo la utilizamos, qué controles existen detrás y cómo esa tecnología genera valor para su organización”.
Y advierte: “Creo que la discusión ya no es si la IA reemplazará a los profesionales. La verdadera pregunta es quién será capaz de combinar mejor la tecnología con la experiencia humana”.
Silva complementa que las empresas entienden que estas herramientas aumentan eficiencia y velocidad, por lo que las dudas más frecuentes se relacionan con cómo se protege su información, cómo se validan los resultados y quién responde si la herramienta se equivoca.
En ese sentido, “la conversación ha cambiado. Hoy la pregunta relevante es si utiliza la herramienta de manera gobernada y responsable”.
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