En agosto se cumplieron cuatro años desde que comenzó a regir la disputada Ley de la Jibia, que estableció que este recurso solo podría ser extraído utilizando “potera o línea de mano como aparejo de pesca”, es decir, solo con métodos artesanales.
La tramitación de la ley contó con una fuerte oposición del sector industrial, la cual se mantiene hasta el día de hoy.
Macarena Cepeda, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío (Asipes), cataloga la normativa como “la peor política pesquera de la historia”.
Chile cuenta con una cuota de unas 200 mil toneladas de jibia, que estaban repartidas en un 80% para el sector artesanal y un 20% para la industria.
Cepeda afirma que antes, las lanchas artesanales entregaban jibia a las plantas de proceso cinco o seis días al mes y, el resto, éstas se abastecían de los barcos industriales que podían operar igual cuando había mal tiempo. “Al no haber provisión de la flota pesquera industrial, las líneas de jibia perdieron el suministro permanente y obvio para un proceso industrial y debieron cerrar”, dice.
Agrega que en Chile, por las aguas agitadas, el sistema de potera ni siquiera era posible de utilizar. “Esto partió de una idea errada o desconocimiento de cómo funciona el ecosistema pesquero”, plantea.
En el gremio ejemplifican con que, en la temporada 2023 de captura artesanal (enero-agosto), solo se logró capturar el 49% de la cuota objetivo total.
“Chile hoy es más pobre en cuanto a recursos pesqueros que hace cuatro años en términos internacionales”, dice Macarena Cepeda, presidenta de Asipes.
Bajas exportaciones
De acuerdo a los informes sectoriales de la Subsecretaría de Pesca, antes de la aprobación de la Ley, las exportaciones de jibia –también llamada calamar rojo- venían experimentando un incremento en su valor. De US$ 119 millones en 2016, habían subido a US$ 198 millones en 2018, a pesar de que las toneladas enviadas bajaron de 109 mil a 77 mil en ese mismo período.
Hoy los números están más abajo. Entre 2019 y 2021, las exportaciones no superaron los US$ 70 millones y, aunque en 2022 subieron a US$ 113 millones, todavía son un 43% más bajas en valor que en 2018.
“Pese a que las empresas pesqueras del Biobío dijeron en todos los tonos que dejarlos sin suministro propio obligaría al cierre de las líneas de proceso, el Parlamento desoyó. Al dejar de operar con este recurso, las empresas perdieron sus contratos de exportación y Chile también perdió parte de su imagen y reputación internacional”, acusa Cepeda.
Según relata la líder gremial, con la aprobación de la nueva norma, 14 de las 24 empresas que exportaban este recurso en la Región del Biobío –que capturaba 76% de la cuota total, antes de la Ley- dejaron de hacerlo. Asimismo, en el gremio estiman que el cierre de las líneas de proceso implicó el despido de unos 1.700 trabajadores.
Con esto, la presidenta de Asipes señala que se dio una ausencia de demanda internacional, por lo que la jibia también perdió su precio “de manera dramática”.
Cepeda argumenta que con esta baja actividad, toda la jibia que no pesca Chile está siendo capturada por flotas de otros países, particularmente chinas. “La riqueza del mar de Chile está siendo usufructuada por otras potencias extranjeras”, acusa.
Por otro lado, alerta de que el país podría verse afectado en la próxima repartición de la cuota global, ya que no está capturando su cuota asignada y esto podría llevar a que se traspase a otros países. “Esta ley generó un perjuicio muy duro para el Biobío, pero también para la imagen externa del país. Chile hoy es más pobre en cuanto a recursos pesqueros que hace cuatro años en términos internacionales”, dice.
Ley de Pesca
El Gobierno, según afirmó el Presidente Gabriel Boric en su última Cuenta Pública, tiene en sus planes ingresar una nueva Ley de Pesca al Congreso en lo que queda de este año.
Haciendo relación con el antecedente de la jibia, la presidenta de Asipes sostiene que “esperamos que el Ejecutivo considere la compleja crisis económica por la que atraviesa el país y que los cambios que se buscan ejecutar sean hechos de manera responsable y con estabilidad. Nuestro sector protege y crea miles de empleos a lo largo del país”.
En esta línea, Cepeda subraya que la nueva normativa debe entregar certezas jurídicas, estabilidad y condiciones que promuevan el desarrollo y las inversiones.
“Todas las legislaciones pesqueras en Chile han sido fruto de una historia, de evaluaciones y aprendizajes. Ello ha permitido el desarrollo de esta actividad productiva, inversiones y construir sólidamente la posición que Chile tiene en esta industria productora de alimentos”, afirma.
Y añade: “Cualquier modificación a la actual ley de pesca debe considerar el resguardo de las condiciones y plazos que contemplan los actuales derechos de pesca que permiten el desarrollo de nuestra actividad”.
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