El pasado 16 de agosto, el gerente general de la empresa Wes SpA recibió un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por ejecutivo del Banco Santander, en donde se le señaló que, con motivo de la dictación de una ley, correspondía que el banco le devolviere a la empresa una serie de cobros "injustificados" que se habrían ejecutado a su cuenta por conceptos de mantención de cuenta corriente, líneas de crédito, tarjetas y otros.
"El ejecutivo en todo momento actuó conforme a los protocolos bancarios, utilizando lenguaje y modos propios de este tipo de comunicaciones", dice la querella que presentaron los abogados de la compañía, los cuales precisaron en la acción judicial: "Bajo la excusa de validar la devolución del dinero que supuestamente se reembolsaría, el falso ejecutivo le indicó al representante de Wes que lo pasarían con un 'sistema de grabación', el cual le solicitaría digitar los tres códigos de la tarjeta de coordenadas para efectos de poder validar al cliente y así proceder con las supuestas devoluciones".
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En la querella se añadió que, a las 18:00 horas del mismo día del llamado, el gerente intentó acceder a la cuenta bancaria de la compañía y se percató que se había bloqueado. "El call center del banco le comunicó al gerente que, ese mismo día, Wes había sido víctima de un fraude bancario, por lo que el banco procedió a bloquear el ingreso del usuario de Wes a la página del banco y eliminaron la tarjeta de coordenadas asociada a su cuenta", dice la querella.
Se detalló que los estafadores lograron realizar 16 transferencias desde la cuenta de Wes, cada una por $ 1.655.555.
Según los abogados, los hechos son constitutivos del delito de uso fraudulento de tarjetas de pago y transacciones electrónicas, ilícito previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley 20.009, que establece, destacaron, un régimen de limitación de responsabilidad para titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude. "Las personas responsables de la comisión del delito, suplantaron su identidad -haciéndose pasar por funcionarios del banco-, obtuvieron ilícitamente las claves de acceso y coordenadas para realizar transacciones, y posteriormente, las hicieron a 16 cuentas distintas del Banco Estado", dice la querella.
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