Los 30 años que cumplió el sábado la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente -que coincidió en que el jueves la OCDE entregó la tercera Evaluación de Desempeño Ambiental (EDA) del país- despierta diversos análisis en los expertos.
Para el socio en JDF Abogados y exministro del Medio Ambiente, Javier Naranjo, en general los aspectos son mayoritariamente positivos. En ese sentido, advierte, “la crítica más relevante no es para la ley en sí misma, sino más bien a ciertos operadores que la utilizan de manera inapropiada con fines específicos o que, en algunas sentencias se desoye su tenor en pretexto de la búsqueda de justicia”.
En el análisis del profesor de la U. de Chile y director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, fue un avance significativo al ser la primera ley que se dedicó a esta materia en Chile. Sin embargo, a la hora de mirar los aspectos negativos, asegura: “Hemos basado demasiado nuestra protección ambiental en esta ley, que contiene instrumentos de gestión, procedimientos, pero que no contiene directamente estándares de protección ambiental”.
¿La legislación se encuentra a la altura? Para Costa, sí lo ha estado, considerando que es una legislación que ha servido de base y es similar a bases normativas de otros países, pero enciende alertas. Pese a las modificaciones que han ido mejorando la regulación y la institucionalidad ambiental, enfatiza que todavía se está al debe en aspectos como la gestión del agua. Esto, al igual que respecto del uso del suelo y el aire, es algo en que -dice- se ha avanzado “muy lentamente”. “No tenemos ninguna norma de calidad de suelos en Chile todavía, normas de calidad de agua tenemos muy poquitas y de calidad atmosférica algunas, un poco más que las anteriores, pero también siguen siendo pocas y con eso se pone en mayor riesgo la salud de las personas y las posibilidades de desarrollo del país”, explica.
Naranjo es más cauto: “Probablemente mi opinión es impopular, pero sinceramente creo que, en términos generales, nuestra legislación sí ha estado a la altura. Los instrumentos de gestión ambiental contemplados en la ley, así como sus principios inspiradores, están totalmente vigentes y son la base de nuestra legislación ambiental. Pero hay desafíos pendientes”.
Los objetivos pendientes
Hacia el futuro, Ignacio Urbina, socio a cargo del área ambiental en el Estudio Fermandois, precisa que “aún falta mucho camino por recorrer. Falta implementar leyes recientes y reformar la institucionalidad de permisos”. Por ejemplo, puntualiza que la ley marco de cambio climático contempla una veintena de decretos nuevos, los que están en proceso de elaboración, y que la ley del SBAP deberá ser implementada para que el servicio comience a funcionar.
Respecto a posibles reformas, recuerda -entre otros- el proyecto que reforma al SEIA, y el flanco que se abrió sobre la última versión del reglamento del SEIA que incorporó exigencias nuevas a las DIA y fue llevado al TC.
Y advierte: “La institucionalidad de delitos ambientales podrá dar lugar a disparidades de criterios entre la justicia ambiental y penal. Además, la conveniencia de tener ciertos delitos que perfectamente podrían tratarse como sanciones administrativas, también es un tema que podría revisarse en el futuro”.
Naranjo apunta a “dejar de lado las posiciones altamente ideologizadas y poner en el centro nuevamente a las personas”. Desde el punto de vista legal, en sentido estricto, dice, “el desafío está en los tiempos que se requieren para alcanzar los objetivos, ya sea, para la aprobación de un proyecto en el SEIA -porque no está bien que su tramitación demore más de dos años- o en la declaración de latencia y la ejecución de planes de descontaminación, procesos que, en conjunto, en algunos casos, superan los ocho años”.
Costa afirma: “El mayor desafío está en generar estándares de protección ambiental específicos que puedan ser controlados de manera adecuada y también hay un desafío en generar mejores instancias de participación ciudadana”.
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Karen Peña
