Una creciente preocupación hay entre autoridades y empresarios por el fallo del Juzgado de Letras y Garantía de Los Vilos que obligó a Minera Los Pelambres a demoler la pared del tranque de relaves El Mauro.
Dos hechos despertaron especial atención, primero la difícil aplicabilidad de la resolución y, segundo, el precedente que marca para la industria, que una operación con permisos ambientales y que ha sido fiscalizada por servicios públicos, sea cuestionada de esta manera.
"La empresa cuenta con todas las resoluciones ambientales. Ha cumplido en forma estricta la legislación. Esta aberración de decir que hay que derribar el tranque, teniendo en cuenta el daño ecológico, es algo insólito, por decir lo menos. Uno puede proponer medidas, pero la empresa aquí ha cumplido con todas", dijo el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz.
Estos dichos que fueron respaldados por el titular de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas, que agregó que "respetamos el fallo, pero no lo compartimos".
Desde la Sofofa Hermann von Mühlenbrock aseguró que esto "deteriora la institucionalidad ambiental, ya que le quita toda validez y resguardo a los permisos que ésta otorga para el desarrollo y funcionamiento de los proyectos".
Otras fuentes de la industria dijeron que es especialmente preocupante que el fallo judicial no cuente con un respaldo técnico de lo que implica la medida y que no se haya considerado opiniones técnicas.
Hacen alusión especialmente a la Dirección General de Aguas (DGA) que en un oficio sobre el cumplimiento de las normas mínimas de operación, evacuado en octubre pasado, y que consta en el expediente judicial, constató que, por ejemplo, las aguas monitoreadas no exceden los niveles de concentración para una serie de elementos.
Cautela en el gobierno
Desde el gobierno, los efectos del fallo encendieron las alertas, en particular a nivel local, por temas medioambientales y de empleo.
La ministra de Minería, Aurora Williams, dijo que "como Gobierno no comentamos el fallo de otro poder del Estado", aunque reconoció que su aplicación práctica es "técnicamente difícil".
Otras autoridades estiman que la minera tiene respaldo para superar esta situación en tribunales, considerando los permisos e informes de fiscalización emitidos. De hecho, explican que en los últimos dos años, hay organismos técnicos que han visitado más de diez veces el tranque, sin detectar problemas.
Nerviosismo internacional
El caso también abrió una arista internacional. Analistas de mercado con base en Londres estiman que el fallo daña la imagen país. Uno de ellos comentó que la resolución pone "nerviosos" a inversionistas que tienen proyectos en construcción, por el éxito que ha tenido el activo desafío que se hace a los permisos en el Poder Judicial.
En un informe de Barclays dijo que para la principal operación de Antofagasta Minerals no se ven mayores efectos de corto plazo, aunque la resolución del conflicto podría tomar hasta dos años.
BMO Capital Markets dijo que se han visto otros fallos en contra de grandes proyectos, sin dar ningún mérito técnico a los antecedentes o, incluso, sin buscar asesorías especiales. Pareciera haber un "sesgo", dice.
Nomura Global Markets Research aseguró que la competitividad país se ha visto deteriorada por un ambiente más populista, un marco normativo más rígido y por el alza de impuestos.
Ayer en Londres, la acción de Antofagasta plc cayó 5,51%.
Joaquín Villarino: "Si el fallo se confirma, incertidumbre será mayor"
-¿Cómo deja este fallo a la industria?
-El fallo es complejo porque la empresa tiene todos los permisos, ha estado sometida a permanente control de la DGA y Sernageomin y no había sido notificada de incumplimientos que justificaran una decisión tan radical. Decisión inejecutable, a menos que se acepte causar un daño humano y ambiental sin precedentes. Como hemos afirmado se ha instalado una grave incertidumbre sobre la seguridad jurídica de los permisos y este fallo, lamentablemente, no sólo confirma sino que agrava lo anterior.
-¿Afecta la imagen ante inversionistas?
-De alguna a manera sí. Sólo imagine que tiene un proyecto que ha demandado miles de millones de dólares, en pleno funcionamiento, con todos los permisos, sin objeciones ambientales relevantes y un tribunal, sin esperar informes técnico de organismos competentes y del perito designado, ordena la destrucción de su instalación esencial. De confirmarse el fallo, se abre un espacio de incertidumbre mayor a cualquier inversionista, nacional y extranjero.
-¿Esta situación puntual podría extenderse?
-Ojalá no se extienda, pero es un muy mal precedente. Lo lógico es que frente a un reclamo como el de la comunidad, tanto la autoridad judicial como la ambiental tomaran las medidas conducentes a promover e incluso imponer un acuerdo que haga viable el proyecto y el desarrollo de la comunidad. Me niego a creer que esa solución no exista. En Chile y en todos los países civilizados del mundo en que se desarrolla minería, ésta convive con comunidades aledañas, sólo hace falta voluntad, buena fe e imaginación para encontrar esa solución.
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