La visión en la industria es pesimista, a una semana para que se cumpla el plazo que las isapres tienen para empezar a aplicar el fallo de la Corte Suprema que implica devoluciones masivas a los afiliados.
Entre distintos exsuperintendentes de Salud consultados por este medio, no existe un diagnóstico alentador del desenlace de la ley corta que se discute en el Congreso.
“Las cosas están bastante mal, están en un punto muerto, para ser franco”, dice Manuel Inostroza, quien encabezó ese organismo regulador en los Gobiernos de Ricardo Lagos y el primer período de Michelle Bachelet. “El Gobierno solo está dispuesto a avanzar en el tema del equilibrio financiero, mejorando algunas indicaciones, pero no quiere hacer ni reformas al sistema isapre ni tampoco quiere hacer un correcto cálculo de la deuda. Hoy día incluso se arriesga a que no haya ley corta”, advirtió.
Indicaciones “son absolutamente insuficientes (...) no contienen ningún elemento que se pudiese estimar como de estabilidad del sistema”, señaló Patricio Fernández.
Patricio Fernández, superintendente en el segundo período de Sebastián Piñera, plantea que se está legislando “a la rápida” y con un “excesivo retraso” y que las indicaciones del Ejecutivo, si bien buscan mejorar un poco la situación, “son absolutamente insuficientes (...) no contienen ningún elemento que se pudiese estimar como de estabilidad del sistema o que diga relación con algún tipo de reforma”.
Héctor Sánchez, que también ocupó este cargo en el Gobierno de Patricio Aylwin, tiene un juicio crítico de la iniciativa: “Es un mal proyecto, no resuelve los problemas de la crisis. Lo que está haciendo, básicamente, es introducir algunas pequeñas modificaciones que, en la práctica, lo que van a hacer es dar un poco de oxígeno a las isapres para que sobrevivan un tiempo, pero van a ir cayendo en el camino sin lugar a dudas en los próximos meses”.
Agrega que la deuda se ha determinado a niveles que no son viables para las empresas -casi US$ 1.600 millones, que se comparan con un patrimonio en torno a US$ 400 millones del conjunto de las compañías-, además de que el reajuste de precios de los planes tiene un tope y consiste en una prima única, por lo que el impacto del fallo no se resolvería para las consecuencias económicas que existan a futuro.
El pago único
Respecto a la nueva propuesta del Ejecutivo en cuanto a que los afiliados puedan acordar un pago único con sus respectivas isapres, Fernández afirma que es una norma “ineficaz” que “sin duda no resuelve el problema de fondo (...) se trata de medidas que pueden, incluso, llegar a ser inútiles al momento de aplicar la ley, y creo que no apunta al fondo del problema”.
Sánchez, en tanto, considera que es “injusta”, ya que hay afiliados que por necesidades financieras aceptarían un trato peor, recibiendo menos que otros afiliados. Asegura que él habría sido “mucho más transparente” y aceptado un recálculo de la deuda, pero que se pague bajo las mismas reglas para todos. “Entre sacar una mala ley que, en definitiva, va a tener más inconvenientes que beneficios, es preferible no sacarla y que el superintendente y el Gobierno asuman su responsabilidad de no haber llegado a un acuerdo para poder resolver una crisis que se viene anunciando hace más de un año y medio”, arremete.
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