Huelga general de doce horas para mañana y una nueva movilización el próximo 3 de noviembre hasta el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Venezuela, fue el resultado de una masiva manifestación que se realizó ayer en todo el país.
Una jornada en la que se suponía se daría inicio a la tercera fase del proceso revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro –para recabar firmas equivalentes al 20% del padrón electoral– pero que fue suspendida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la etapa previa.
La decisión generó durante los últimos días mayor tensión entre los poderes públicos y los ciudadanos, y dio origen a la llamada “Toma de Venezuela”, para rechazar la medida que imposibilita que la consulta se celebre antes del 10 de enero de 2017, que era el objetivo de la oposición para forzar un cambio de gobierno.
Según los primeros cálculos, un millón de personas se congregaron en las principales avenidas de todo el país, con el objetivo de presionar al Ejecutivo en medio de la peor crisis política y económica en la historia de la nación.
Incidentes violentos se registraron en algunos estados, en los que la Guardia Nacional Bolivariana repelió a los asistentes con gases lacrimógenos y balas de goma, y las fuerzas de seguridad detuvieron al a menos 39 personas.
Específicamente en Mérida, al occidente del país, más de 20 personas resultaron heridas por enfrentamientos con seguidores del oficialismo.
A Miraflores
Desde la principal avenida de Caracas, que no era escenario de una manifestación de similar concurrencia desde el año 2002, el líder de la coalición Henrique Capriles Radonski, envió un ultimátum al Ejecutivo: “señores del gobierno, o ustedes devuelven el orden constitucional al país o nosotros el 3 de noviembre iremos a Miraflores. Hoy no es el día porque hay que darle la oportunidad a todos los venezolanos del interior del país de que puedan paticipar”.
Y agregó: “el domingo no vamos a Margarita (para participar en el diálogo). Señor presidente, levante ese teléfono y ordene a la señora Tibisay Lucena (presidenta del CNE) que coloque la fecha para la recolección de las firmas para el revocatorio, y así el pueblo venezolano decida”.
En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup –quien no acudió al Consejo Nacional de Defensa que convocó para ayer el jefe del Estado– aseguró que la movilización del próximo jueves se realizará “para notificarle al presidente Maduro sobre sus responsabilidades políticas y el abandono del cargo” en el que ha incurrido. Dichos aspectos han sido considerados por el parlamento como razones principales para llevar a cabo un juicio político en su contra, que se iniciará el 1 de noviembre.
Ésta es la primera marcha convocada a la casa de gobierno desde 2002, cuando una movilización puso fin, por dos días, al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.
Las actividades anunciadas ayer forman parte de los frentes de “lucha” que ha fijado la oposición. Líderes de la coalición se han planteado actuar en tres escenarios en paralelo: la calle, el parlamento y las relaciones internacionales. Por ello también tienen planificado viajar la próxima semana a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, para solicitarle al secretario general, Luis Almagro, la activación de la Carta Democrática Interamericana.
Panorama incierto
La crisis política en Venezuela estaría por entrar en una nueva fase en los próximos días y semanas, según un reporte de Eurasia Group.
“A pesar de los desacuerdos internos sobre el diálogo en el que el Vaticano actúa como intermediario, la oposición se muestra más unida alrededor de la estrategia de las protestas, con las conversaciones en pausa”, señala el texto.
Además, los expertos destacan que, precisamente en dichas movilizaciones, estaría la clave del éxito para los detractores de Maduro, más allá de que éstas se han convertido en un desafío por el miedo que causa la represión y ante la frustración de los ciudadanos al no ver cambios en el comportamiento del Ejecutivo tras actividades anteriores.
Sin embargo, la consultora asegura que los últimos acontecimientos del país han cambiado su percepción de que habría una transición en 2017, a un escenario en el que Maduro se mantendrá en el poder hasta el término de su mandato en 2019.
FITCH RATINGS BAJA calificación DE PDVSA
La agencia calificadora Fitch Ratings bajó ayer la calificación de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, desde "CCC" a "CC", ante la preocupación de que la compañía pueda enfrentar dificultades para cumplir con sus próximas obligaciones financieras.
"A pesar del éxito parcial de la oferta de intercambio, la posición de liquidez de PDVSA es débil y la compañía podría enfrentar dificultades para cumplir con los pagos programados", dijo la agencia luego de que la empresa lograra canjear más de la mitad de los bonos que vencían en 2017, por títulos que maduran en 2020, logrando así aumentar su flujo de caja con US$ 2.800 millones.