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Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 11 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.
Por James Fontanella-Khan
Bruselas
Bruselas endurecerá el proceso para los países que desean ingresar a la Unión Europea (UE), luego de que recientes infracciones al Estado de derecho en algunos nuevos miembros socavaran seriamente los principales principios democráticos de la entidad.
La Comisión Europea también ha sumado nuevos controles y estándares para supervisar el proceso de ingreso del candidato, y tendrá el poder de poner fin al procedimiento de membresía tempranamente si hay evidencia de que el país aspirante no cumple con las demandas de reformas.
Stefan Füle, comisionado europeo de ampliación, admitió que Bruselas está aprendiendo de errores del pasado en el proceso de ingreso de Hungría y Rumania.
“Las lecciones aprendidas de ampliaciones previas destacan la importancia de un mayor foco en estas áreas y mejora de calidad del proceso”, señaló la Comisión.
“El nuevo enfoque de las negociaciones en el área del Estado de derecho introduce la necesidad de un sólido registro de implementación de reformas a ser desarrolladas durante el proceso de negociaciones. Las reformas deben estar profundamente arraigadas, con un objetivo de irreversibilidad”.
Las acciones adoptadas el año pasado por los gobiernos en Bucarest y Budapest hicieron crecer los temores en Bruselas de que la democracia y el Estado de derecho estaban bajo amenaza en Rumania y Hungría.
La nueva postura probablemente haga más lento el proceso de ingreso para varios de nueve países candidatos, entre ellos Croacia, Serbia, Kosovo, Montenegro y Albania.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Cuatro reglamentos deberán resolver aspectos clave como la protección de resultados de investigación, el uso y operación del repositorio nacional y la transparencia en las empresas de base científico-tecnológica.
Operación podría superar los US$ 43 millones y daría fin a las disputas entre quien funge como dueño del complejo y su banco financista. Quien se quede con el paño podría levantar al menos tres edificios para vivienda, oficina y comercio.