El viernes, poco antes del término de las transacciones en la Bolsa de Santiago, el selectivo IPSA se disparó en medio de una gran expectación de varios agentes de mercado, y cerró con un alza de 3,2%.
Rápidamente se supo que se dieron a conocer, de manera reservada, al menos dos encuestas que daban como ganador a Sebastián Piñera. Y a esa información accedieron, pago de por medio, algunas corredoras de bolsa, explican agentes de mercado que piden reserva de su identidad.
La nueva normativa prohíbe la publicación de encuestas electorales 15 días antes de las elecciones. Sin embargo, esto no impide su realización y posterior venta bajo prohibición de publicar.
“Es legal, la ley permite que se hagan las encuestas, y no tanto por razones políticas, sino por razones que tienen que ver con el mundo financiero. La información genera efectos. Las compran comandos políticos y grupos que hacen inversiones”, destaca Roberto Méndez, académico de la Escuela de Gobierno UC y ex director de la empresa Adimark.
A su juicio, estos grupos interesados tienen legítimamente el derecho a solicitar encuestas.
“Yo creo que la ley debería revisarse. El plazo planteado es excesivo. Debería darse un margen de una semana, pero 15 días es excesivo, es uno de los plazos más largos del mundo”, sostiene el experto.
Ayer domingo trascendió la encuesta que Cadem realizó entre el 13 y 15 de diciembre, y a la que algunos agentes de mercado tuvieron acceso el viernes. Ésta daba como ganador a Sebastián Piñera.
“La normativa genera una situación desigual porque los que pueden pagar tienen la información, mientras que las personas comunes y corrientes no la tienen”, precisa Roberto Méndez.
El experto duda que los errores de estimación de intención de voto en las encuestas previas a la primera vuelta les haya dado la razón a quienes apoyan la normativa.
“Hubo problemas muy puntuales con la elección de la primera vuelta que explican eso; tienen que ver con los modelos de votante probable. Esto no se soluciona con una prohibición”, señala.
Los encuestadores han hecho eco de la solicitud de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública (WAPOR) que solicita a los legisladores chilenos reconsiderar la normativa, debido a que las encuestas de opinión pública ofrecen valiosa información en una sociedad libre y democrática, mientras la restricción contribuye a un desigual acceso a la información y potencial desinformación.
La propuesta fue aprobada en el Senado tras una indicación presentada por Andrés Zaldívar (DC), incorporando el artículo 32 ter en la Ley 18.700.
La idea del parlamentario DC se impuso a la proposición del Ejecutivo, orientada a prohibir las encuestas solo tres días antes de los comicios. Así se aprobó en primer trámite en la Cámara de Diputados, siendo modificado en el Senado.
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