Que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, haya citado como ejemplo el modelo previsional uruguayo para referirse a las opciones de administración pública y privada que traería la reforma de pensiones permite visualizar los cambios que se avecinan.
El sistema de pensiones de Uruguay es un régimen mixto en que conviven un pilar de reparto -a cargo del Banco de Previsión Social (BPS)- y uno de capitalización individual, administrado por las AFAP (incluida una estatal), símil de las AFP chilenas.
“Nosotros tenemos una tasa de reemplazo promedio del orden de 60% sobre el salario asegurado. Es mucho más alto y caro”, advirtió Saldain.
Además, participan cajas previsionales privadas y públicas, como las de las Fuerzas Armadas, que también funcionan como reparto.
En cuando al rol del BPS, se trata de un ente autónomo que se encuentran regulado por la Constitución uruguaya. Su rol es administrar las prestaciones del pilar de reparto, recaudando los aportes de los trabajadores, haciéndose cargo del pago de las prestaciones activas y pasivas del mismo.
El BPS es la única entidad habilitada por ley para recaudar los aportes en el sistema de capitalización individual, por lo que los ahorros de los afiliados a las AFAP son transferidos mensualmente por el BPS. Luego las AFAP administran e invierten los fondos.
Visto así, el modelo uruguayo se ajusta a características que distintas autoridades han esbozado como parte de los cambios al sistema previsional chileno que trae la reforma, quitando protagonismo a las AFP y dando al Estado un rol central dentro del esquema previsional.
Las diferencias
El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) de Uruguay, Rodolfo Saldain, quien presentó una propuesta de reforma al modelo uruguayo, destacó el valor que tiene el BPS para el sistema.
Eso sí, aclaró que los desafíos y problemas de los esquemas previsionales de Chile y Uruguay son diferentes.
“El nuestro es de sustentabilidad, el paso del nivel del gasto en pensiones y su trayectoria alcista en un contexto de declive demográfico”, explicó.
En cuanto a Chile, indicó que el problema es de cobertura y adecuación o suficiencia. “Me parece que esa es una forma bastante sintética de resumir por qué los dos países estamos en este proceso, nos miramos recíprocamente, pero las soluciones están condicionadas por diagnósticos del problema que marcan diferencias”, expresó.
Según Saldain, el pago de compromisos previsionales de Uruguay alcanza al 10% del PIB y para contenerlo, el gobierno de ese país está buscando mecanismos que potencien la capitalización individual en las AFAP.
El sistema de pensiones administra 1,5 millones de cuentas de cotizantes, los activos bajo manejo de las AFAP ascendían a US$ 19.069 millones a marzo de este año, mientras que los recursos que recibe y gasta el reparto en el BPS, alcanzan a US$ 6.400 millones.
Todo ello, con una tasa de cotización para las pensiones que supera el 20% entre aportes de trabajadores, empleadores y Estado.
En Chile, en cambio, existen más de 11 millones de afiliados y 5 millones de cotizantes, esto es más que toda la población de Uruguay (3,4 millones de habitantes).
Las AFP chilenas administran ahorros por US$ 150 mil millones provenientes de una tasa de cotización obligatoria de 10%, y que con la reforma aumentaría a 16%. El gasto fiscal actual en pensiones no supera el 2% del PIB.
Para Saldain, el único problema que podría tener Chile no es el volumen de cuentas que pudiera absorber un ente público como el BPS, sino más bien de recursos. “Si quieren tener un sistema sustentado en transferencias entre generaciones de solidaridad más grande que el que se tiene, eso es mucha plata”, puntualizó.
“Nosotros tenemos una tasa de reemplazo promedio del orden de 60% sobre el salario asegurado. Es mucho más alto, caro y, por lo tanto, el tamaño de la mochila que estamos poniendo sobre las nuevas generaciones es de un peso realmente muy grande”, detalló.
Gobernanza
Saldain presidió el BPS y fue opositor a la creación de AFAP estatal en los ‘90. “Pensaba que se iban a acumular todos los defectos de la administración estatal, pero me equivoqué. Eso no fue así”, reconoció.
“La clave está en tener un buen diseño institucional y una elección de las personas con un sólido criterio profesional y creo que Chile tiene harta tradición en eso”, sostuvo.
Según el experto, la recaudación en manos del BPS ha demostrado ser eficiente porque no solo recauda pensiones, sino que también salud y otras prestaciones. Además, tiene costo cero para el trabajador.
Hoy, al igual como podría ocurrir en Chile, la reforma uruguaya contempla sumar a la recaudación de ahorro, la gestión de las cuentas hasta ahora en manos de las AFAP.
“Para mí (las AFAP) solo deberían ser gestores de inversión (...) Tener un servicio integral de asesoramiento y de planificación jubilatoria es un valor central y con un sistema centralizado mejora mucho”, afirmó.
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