Conocer el detalle de los planes que tiene el gobierno respecto de la reforma de pensiones es el punto de inicio de la conversación que sostendrán este jueves los representantes de inversionistas estadounidenses que participan de la propiedad de tres AFP chilenas -Prudential, en Habitat; Metlife, en Provida, y Prinicipal en Cuprum-, con el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín.
La cita se gestó luego del encuentro del Presidente Gabriel Boric, con estos inversionistas en su última gira presidencial. Allí, los accionistas de AFP le habrían solicitado un mayor diálogo respecto de la reforma, lo que fue acogido por el gobierno.
En las AFP sostienen que la legislación que reforme el sistema de pensiones debe respetar los tratados suscritos por Chile, o de lo contrario el Estado podría enfrentarse a juicios internacionales.
El encuentro será de carácter presencial por lo que participarían ejecutivos locales de las mencionadas AFP.
Consultada sobre el encuentro, la subsecretaría declinó entregar detalles, sin embargo, agentes del sector indican que el foco de la conversación estará en profundizar los planes que tiene el Ejecutivo respecto del rol de las AFP en el futuro esquema previsional.
Aunque todavía no existe una propuesta concreta, algunas autoridades han dado señales claras sobre un nuevo rol “menos protagónico” que tendrían las AFP en el futuro.
En ese marco, la industria espera entregar su visión, reforzando la defensa de la propiedad de los ahorros para pensión, -no sólo el stock, sino que todas las cotizaciones futuras, según afirman-, y aclarar lo que califican de “información sesgada”, respecto al sistema de pensiones chileno.
Protección de inversiones
Si bien el gobierno se comprometió a presentar un proyecto formal en agosto, conocedores de las alternativas que se barajan, sostienen que uno de los planes es convertir a las AFP en gestores de inversiones del stock de ahorros acumulado en las cuentas individuales.
Asimismo, estaría en análisis el grado de libertad que se entregaría a los afiliados respecto del flujo de nuevas cotizaciones por el 10% obligatorio, ya que respecto del 6% adicional -que será de cargo del empleador-, iría a un fondo solidario de administración pública.
Para algunos agentes en la industria, el hecho de impedir a las AFP que operen en el flujo de nuevas cotizaciones constituye una “expropiación indirecta”. Esto, porque significaría prohibirles cobrar por su gestión de acuerdo al esquema de comisiones vigente, en el que cada afiliado paga un porcentaje de su sueldo mensual, en promedio en torno a 1%, por cada cotización enterada al sistema.
Así, uno de los temas a abordar es la preocupación de los inversionistas norteamericanos de las AFP respecto del cumplimiento de los tratados de libre comercio con EEUU, que protegen a los extranjeros que deciden invertir en el país.
De hecho, de encontrarse argumentos suficientes en una propuesta formal de reforma, los inversionistas podrían acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Según el abogado Arturo Fermandois, “la propuesta de excluir el flujo sería un cambio esencial del marco regulatorio de la seguridad social en Chile y una alteración de las reglas del juego para las AFP. Como todo cambio de política legislativa, el país tiene derecho a hacerlo, pero haciéndose cargo de las consecuencias patrimoniales de los afectados, de acuerdo al marco constitucional, legal y de tratados internacionales bajo el cual entraron a su actividad”.
Acuerdos internacionales
Actualmente, Chile tiene 34 tratados de promoción y protección de inversiones extranjeras y 27 acuerdos con reglas sobre protección de inversiones, según antecedentes de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo.
Estos tienen en común la obligación del Estado de no discriminar, no expropiar (directa o regulatoria), y no tratar de forma injusta o inequitativa al inversionista extranjero, lo que incluye el respeto de sus expectativas legítimas.
En el sector indican que los tratados suscritos por Chile “son ley”. De hecho, la Convención Constitucional tuvo como límite el respeto de tales tratados, por lo que la legislación que reforme el sistema de pensiones deberá respetarlos o podría enfrentarse a juicios internacionales que afectarían al Fisco de Chile.
La preocupación de los inversionistas estadounidenses por los cambios a la política pública de pensiones tiene como antecedente el tercer retiro de fondos, que obligó a las compañías que venden rentas vitalicias -donde también participan Metlife y Principal-, a adelantar pagos a pensionados, con cargo a recursos propios.
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