Algo más de dos meses lleva Julia Urquieta (PC) en el cargo de subsecretaria de Previsión Social y poco a poco se acomoda en los cambios de largo plazo que, en parte, pasarán por sus manos.
La sucesora del también militante comunista, Marcos Barraza, dice añorar un régimen de pensiones "más justo" y desde esa premisa indica estar a la espera del informe de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones (Comisión Bravo) para trabajar en cambios que, en todo caso, anticipa que no serán tan profundos en vista de la complejidad que revisten y de los recursos económicos disponibles.
-¿En qué están los cambios que alista el gobierno en pensiones?
-El proceso recién se va a abrir una vez que la Comisión Bravo entregue sus resultados, que esperamos que esté en las manos de la presidenta este mes. Una vez que ocurra esto, será ella la que determine qué medidas tomará de este informe (...) Todos sabemos que estamos en un momento económico bastante difícil y complejo para el país, por lo que abordar una tarea de esta magnitud no es fácil.
-¿Qué opina de la segunda opción de la Comisión Bravo del semi reparto? ¿Debiera ser tomada en cuenta?
-Eso es un trascendido o filtración y no puedo pronunciarme sobre eso aún; obviamente que no se descartará ninguna idea y la presidenta evaluará si recoge medidas de esa propuesta.
-¿Cómo ve la viabilidad de la AFP estatal?
-La AFP estatal está dentro del programa de gobierno y ya hay un proyecto de ley que está en trámite en el Congreso y que está supeditado a las propuestas de la Comisión Bravo para su implementación.
El objetivo es poder incorporar un actor más en el mercado, en el cual el Estado entre a jugar un rol regulador del sistema y del mercado existente, que le dé mayores garantías a los afiliados y cotizantes.
-Un tema que se ve políticamente complicado es retrasar la edad de jubilación y eso es justamente lo que recomienda el sector privado y la Comisión Bravo...
-Más allá de la Comisión Bravo, le puedo decir concretamente que este tema de la edad ha sido uno sobre el cual diversos sectores se han manifestado contrarios y la presidenta de la República ha planteado que no es partidaria de esto. Es un tema que ha sido recurrente, pero la verdad es que no cuenta con la simpatía ciudadana.
-En este momento de crispación sería difícil tomar una decisión de este tipo...
-Claro, además tenemos hoy en día una tarea mucho mayor, que es proteger a los adultos mayores. No sólo se tiene que ver esto desde una perspectiva economicista, sino que también tenemos que verlo desde la protección social.
-¿Se ve más viable para mejorar las pensiones aumentar la cotización por parte del empleador?
-Eso ha estado presente en el debate. Hay que tomar en cuenta que hay otros seguros donde sí aporta el empleador, como es el seguro de cesantía. Si uno analiza históricamente la realidad del país, los empleadores aportaban a la previsión social de los trabajadores. No es un criterio descartable. Yo diría que el debate ahora es hacia dónde va esa cotización.
-¿Qué opciones pueden existir? ¿Un fondo especial dentro del semi reparto?
-Eso es algo que tendrá que evaluarse en su momento.
Comisión Bravo
-El ministro de Hacienda rayó la cancha para los cambios que vengan desde el gobierno: gradualidad y viabilidad económica ¿Cree que se debiesen aplicar los cambios fundamentales en pensiones en este gobierno?
-Hay que tomar en cuenta lo que se plantea en el programa de gobierno. El cambio en el sistema de pensiones no está planteado dentro del programa, a diferencia de las reformas estructurales en educación, tributario, laboral y el sistema binominal.
No está pensiones y ahí no se puede engañar a la ciudadanía con una promesa que no estaba incorporada.
-¿No se tomarán en cuenta todas las propuestas de la Comisión Bravo para concretarlas este gobierno?
-Nos abrirá una oportunidad de poder abordar en profundidad el tema y, a partir de eso, proyectar un camino.
Sabemos que es un tema bastante complejo, tiene muchas aristas y tiene que ser abordado de forma muy responsable. Hay clamor ciudadano, pero a la vez, muchas responsabilidades que asumir.
MAYOR FISCALIZACIÓN Y SANCIONES
El otro gran ámbito que abarca el quehacer de la subsecretaria Julia Urquieta es la seguridad laboral. En esta materia, la funcionaria indica que espera tener este año nuevas políticas que impliquen cambios para dotar a organismos del gobierno con mayores atribuciones de fiscalización hacia los empleadores y, a la vez, atribuciones sancionatorias más fuertes.
"La ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere ser adecuada a los nuevos tiempos y una vez que la presidenta apruebe la política en esta materia, habrá que modificar esta ley o crear una nueva para enfrentar estos nuevos tiempos", comenta.
Detalla que actualmente "hay poca regulación por parte de la Dirección del Trabajo y de la Superintendencia de Seguridad Social; se ha hablado de dar mayores presupuestos, funcionarios y facultades a estos organismos, así como dotarlos de mayores atribuciones sancionatorias".
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