No es novedad que uno de los principales ejes del Gobierno de José Antonio Kast está en la vivienda. En reiteradas ocasiones, el Presidente y sus ministros han insistido en la necesidad de enfrentar la crisis del sector inmobiliario y construcción, marcada por la caída en las ventas, el freno en los permisos de edificación y un déficit habitacional que sigue creciendo.
Sin embargo, hasta ahora solo se conocía el objetivo que se había fijado el Ejecutivo para reactivar esta industria, el cual apuntaba a bajar el precio de las viviendas entre un 10% y un 15%, pero no se había explicado cómo lograrlo.
Eso cambió este miércoles, cuando el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) abrió un proceso de participación ciudadana para modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), donde se establecen los principales ajustes que impulsará el Ejecutivo.
Según la cartera, el objetivo es doble: por un lado, reducir los costos de construcción para que las viviendas sean más accesibles, y por otro, destrabar proyectos y acortar los tiempos de tramitación, especialmente en contextos de reconstrucción tras catástrofes.
Las medidas
De acuerdo con la minuta del Ministerio, las modificaciones se estructuran en seis pilares que abordan distintos aspectos de la normativa actual. El primer cambio apunta a cómo se mide la superficie edificada de una vivienda. Hoy, ese cálculo incluye el grosor de los muros exteriores, lo que en la práctica reduce los metros útiles. La propuesta modifica ese criterio y considera solo el espacio interior.
En simple, esto permite construir muros más gruesos -algo que para la cartera es clave en un país sísmico como Chile- sin que eso “reste” superficie vendible. Así, se busca mejorar la calidad de las construcciones sin afectar la rentabilidad de los proyectos.
Otro punto relevante es el de los permisos de construcción: actualmente duran tres años, pero el Gobierno propone extenderlos a seis. Además, si un proyecto queda detenido esperando autorizaciones de otros organismos públicos, ese tiempo no se contabilizará dentro del plazo.
El tercer cambio apunta a la forma en que se calcula cuántas viviendas se pueden construir en un terreno. Hoy, los planes reguladores fijan la densidad en función de cuántas personas pueden vivir por hectárea, y para eso se usa una regla que asume que en cada vivienda viven cuatro personas.
El problema, según detalló el Minvu, es que esa cifra ya no refleja la realidad. Según el Censo 2024, el promedio es de 2,8 personas por hogar y una parte importante de las viviendas son de una sola persona. Por eso, el Gobierno propone bajar ese número de cuatro a dos personas por vivienda, y a una en el caso de proyectos de viviendas económicas.
En la práctica, esto permite que, con las mismas reglas de densidad, se puedan construir más viviendas en un mismo terreno.
Otro ajuste relevante apunta a los estacionamientos. La normativa actual exige un mínimo por proyecto, aunque permite rebajas en ciertos casos. El problema, explicó el Minvu, es que esos criterios están desactualizados.
La propuesta busca incorporar la realidad actual del transporte urbano, considerando la cercanía a Metro, trenes, teleféricos o corredores de buses. En la práctica, esto permitiría reducir la cantidad de estacionamientos exigidos en zonas con buena conectividad, lo que baja costos de construcción.
El Minvu también busca potenciar los llamados “conjuntos armónicos”, es decir una agrupación de construcciones que forman una unidad espacial propia, distinta del entorno, permitiendo excepcionalmente superar normas de los Planes Reguladores Comunales. Para ello, plantea flexibilizar las condiciones de acceso a este régimen.
Entre otros cambios, se reduce el tamaño mínimo de los terrenos requeridos -de 5.000 m2 a 2.500 m2- y se simplifica la exigencia sobre el frente a la calle, así ya no será necesario cumplir con un ancho específico de la calzada, aunque se mantiene un ancho mínimo para la vía.
En la misma línea, se propone aumentar los beneficios de construcción -como mayor altura o superficie edificable- para proyectos de viviendas económicas que se ubiquen cerca de vías principales o de infraestructura pública; y se buscará eliminar una norma que hoy permite a los planes reguladores limitar este tipo de proyectos, con el objetivo de darles mayor viabilidad.
El último cambio apunta a proyectos que ya cuentan con permiso, pero que aún no se han terminado de construir. Actualmente, estos desarrollos tienen opciones limitadas para adaptarse a nuevas normativas. Es por eso, que la propuesta amplía esa posibilidad, permitiendo que más proyectos puedan acogerse a reglas actualizadas, lo que podría facilitar su continuidad y evitar que queden entrampados.
Foco en reconstrucción
Las modificaciones también incluyen un capítulo especial para acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes.
En ese contexto, se busca simplificar trámites, permitiendo que ciertos proyectos del Minvu o del Serviu acrediten condiciones de movilidad mediante informes técnicos propios, sin tener que pasar por procesos largos. Además, se buscará incorporar exigencias a los estudios y evaluaciones que determinen la existencia, magnitud y mitigación en áreas de riesgo.
A esto se suma la posibilidad de aprobar proyectos mediante certificaciones de profesionales competentes, reduciendo así los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
viviendas
{{/if}}
