Fue la diputada Maite Orsini (Revolución Democrática) quien esta semana puso, a su modo, “el pecho a las balas”, manteniendo -temporalmente- en suspenso el trámite para el despacho a la sala de la Cámara de Diputados de la legislación sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) de las Fuerzas Armadas.
“Prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente. Quiero evitar que el Gobierno tenga que vetar su propia ley”, dijo el martes dentro de la comisión especial de Seguridad y Constitución sobre el curso de este trámite legislativo.
Chile se estremeció luego del asesinato y la quema de los cuerpos de los tres carabineros ocurrido en la madrugada del sábado 27 en la ruta Cañete-Tirúa. Y en ese proceso, la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), afirmó que, por decisión unánime de los comités parlamentarios de todos los sectores políticos se suspendió la semana distrital y que las comisiones de Seguridad y Constitución unidas avanzarían en el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza. En el Senado, en tanto, se decidió acelerar el trámite de la nueva Ley Antiterrorista.
"¿Se podría decir que si esta ley (RUF) hubiese estado vigente al momento de la perpetración de los hechos, no estaríamos lamentándonos?".
Gonzalo Winter, diputado CS.
La decisión fue bien recibida por el Gobierno. “Espero que se aprueben buenas leyes que le sirvan al país, eso es lo único que importa”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá el martes en el Congreso.
Pero lo de la diputada Orsini no fue solo un síntoma sino una advertencia de una discusión ardua y prolongada. El proyecto finalmente se aprobó el jueves por la comisión conjunta y pasó a ser votado en la sala de la Cámara ayer viernes para seguir su trámite en el Senado la próxima semana. El punto de mayor discordia fue la indicación del diputado Diego Schalper (RN) de devolverle a la justicia militar los casos en que militares o policías se vean involucrados en un delito en el cumpliendo de su labor de orden público.
Un representante del socialismo democrático en el parlamento señaló que un proyecto de ley con 10 larguísimos artículos y cientos de indicaciones sería altamente poco recomendable ser tramitado en 48 horas en comisión como insistió la ministra del Interior. Si bien finalmente pasó el trámite en cuatro días, el riesgo hoy es que se dicte una ley que, a la postre, no servirá para su propósito.
Sacar el pie del acelerador
La vocera Camila Vallejos (PC) dio señales en ese sentido cuando dijo a T13 Radio que si bien esta era una ley que no había avanzado este año, tampoco se trataba de legislar “en caliente y a matacaballo porque el remedio puede terminar siendo peor que la enfermedad". De alguna manera, La Moneda caía en la cuenta que, pese a la urgencia, gestionar malas leyes no sería recomendable.
Un senador del socialismo democrático, que siguió la negociación de los diputados, concede que aprobar en la Cámara y en el Senado las RUF no es pedestre porque se trata de una ley con extensos y complicados capítulos. “Es algo así como El Libro gordo de Petete. Es decir, se deben tipificar muchas situaciones en las que se justifica que un uniformado actúe”, dice.
Y eso que las RUF sólo funcionan como un marco legal porque existen reglamentos específicos dentro de todas las instituciones armadas y de orden que determinan qué es lo que se puede y qué no se puede hacer para combatir la delincuencia y el crimen organizado, agrega la misma fuente.
“Este proyecto de las RUF es un preciosismo jurídico. Con la ley Naín Retamal, que es la eximente de responsabilidades, ya existía una cobertura suficiente para que las Fuerzas Armadas y de Orden pudiesen repeler un crimen y defenderse. Esta ley no es urgente. Mucho más importante sería la Ley de Inteligencia o la del Levantamiento del Secreto Bancario para ver cómo se mueve el dinero del crimen organizado. Tramitar así es una locura y eso somos solo algunos los capaces de decirlo”, afirmó el diputado Jaime Araya, sumándose al planteamiento de Orsini.
Ley Antiterrorista
Cercano al Presidente Boric, el diputado Gonzalo Winter (Convergencia Social), esquiva adjudicar responsabilidades a la presión que Interior impone sobre el Congreso a la hora de legislar. “Muy a menudo, cuando hay una crisis nacional, los parlamentarios exageran el contenido legislativo de la crisis, para protagonizar la solución. El tema es que el problema no siempre está en la ley. ¿Se podría decir que si esta ley (RUF) hubiese estado vigente al momento de la perpetración de los hechos, no estaríamos lamentándonos? La respuesta en este caso es que no. Nadie sabe aún lo que de verdad ocurrió esa madrugada en Los Álamos”.
Según las fuentes consultadas, existen en este cuerpo legal, artículos controvertidos que seguramente serían modificados en el Senado, como lo que se refiere a la definición de lo que realmente es “un arma letal” (y lo que no es).
El senador socialista José Miguel Insulza contó la parte que a ellos les cabe del problema. En la discusión en la Cámara Alta sobre la nueva Ley Antiterrorista, despachada finalmente el jueves ante el apuro jineteado por el gobierno, han surgido demasiadas interrogantes sobre si vale o no la pena catalogar un crimen como “terrorista”. Si es así, afirma, está la dificultad de que tomará más tiempo investigar cada delito y demostrar que sí fue realizado con el ánimo de aterrorizar. El mismo crimen no catalogado como “terrorista”, se tramita con mucha mayor velocidad y recibe igualmente penas altas de parte de la justicia por la gravedad de los hechos.
La trágica noticia con la que los chilenos amanecieron el sábado al alba golpeó durísimo a opinión pública. Sin embargo, lo evidente hoy es que si el modo en que el Congreso está funcionando, presionado y urgido por la tragedia y por el Ministerio del Interior, parece dudoso que estas leyes cumplirán con su propósito.
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Andrea Lagos
