Ayer fue un día de análisis para los estudios de abogados. Los expertos se lanzaron “de cabeza” a leer el detalle de las 48 páginas de indicaciones que presentó el miércoles el Ejecutivo a la reforma tributaria, cuyo eje principal son los ajustes a la Norma General Antielusión (NGA).
En el documento, Hacienda buscó delimitar el marco de acción de la polémica cláusula, estableciendo que la elusión “contraviene” las leyes tributarias y que las obligaciones de impuestos “no podrán ser evitadas mediante elusión”. Asimismo, se eliminó la referencia en el proyecto a la “buena fe del contribuyente”, pero solo porque se trata de un principio general ya incluido en el Derecho.
Los expertos coinciden, con ciertos matices, en que los cambios “endurecen y fortalecen” la NGA, además de hacerla “más aplicable”.
El socio de VLA Abogados, Christian Aste, ve con buenos ojos los cambios, ya que el SII “solo desconocerá los efectos de los actos o contratos si los califica previamente de elusivos y en un procedimiento en el que no solo será oído el SII, sino que otros actores relevantes”.
El socio de Baraona Fischer & Cía., Juan Manuel Baraona, recalca que los ajustes precisan el ámbito de opción del contribuyente no solo al ordenamiento tributario, sino a las leyes en general: “La iniciativa hará más aplicables estas disposiciones que, hasta la fecha, han tenido un efecto puramente disuasivo”.
Así lo estima también el socio líder de Legal y Tributario de Mazars Chile, Rodrigo Hernández, quien -no obstante- admite su preocupación por la “eliminación de la presunción de buena fe, ya que generaba un equilibrio entre la relación asimétrica entre el fiscalizador y el contribuyente”.
La subdirectora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD, Natalia González, destaca que se acota la definición de actos “notoriamente artificiosos” que podrán ser sancionados bajo la cláusula: “Se clarifican y precisan conceptos indeterminados, y se eliminan los ambiguos que dejaban a los contribuyentes y a la autoridad en una inacción perjudicial”.
Para el director del Centro de Estudios Tributarios de la UCH, Gonzalo Polanco, los elementos “positivos” se relacionan con “haber mejorado la definición de lo que es un abuso en materia tributaria”, sacando lo que dice relación con el objeto y la causa lícita: “Me parece positivo que se intente determinar qué es un acto artificioso, ya que su indefinición podría generar una serie de disputas”.
Dudas por la Comisión Antielusión
Un tema que algunos abogados miraron con cierto recelo es la creación de la Comisión Antielusión, órgano que definirá la aplicación de la NGA previa recomendación del SII y que estará integrado por los jefes del servicio, la FNE, el TDLC, la CMF y un abogado escogido por ADP.
El socio de Tax de Deloitte, Hugo Hurtado, considera que el mecanismo puede encontrarse con “dificultades técnicas, ya que “algunos funcionarios del SII en direcciones regionales impugnan partidas a ciertos contribuyentes, aplicando normas relacionadas a si son gastos necesarios para no someterse al proceso especial antielusión”, lo que pide que sea revisado en el trámite legislativo.
La socia de Brzovic & Cía. y de la alianza con Fontaine & Cía., Magdalena Brzovic, considera “excesivo” que se establezca una comisión para aplicar la NGA, ya que “esta norma ya cumplió su objetivo, los asesores y empresarios se están autoregulando”.
El socio de Tax Advisors, Christian Blanche, coincide y plantea que la composición de la instancia “está mal enfocada, ya que no todos los que la integran tendrán la experiencia ni el tiempo para para participar en una institución que debe conocer todos los casos de elusión que presente el Comité Especial del SII. ¿Por qué la integra el Fiscal Nacional Económico o el presidente del TDLC?”.
El socio de Sapag & González, Pablo González, cree que las indicaciones “hacen más engorrosa y burocrática” la aplicación de la norma: “Existe un riesgo que su intervención no se traduzca en una mejoría en la calidad de lo que se resuelva, sino que se limite a provocar mayores dilaciones en la resolución de estos juicios”.
Mientras que a Francisco Orellana, de Jaque Orellana & Asociados, le llama la atención el nuevo procedimiento de aplicación de la norma, “que entrega su competencia a un Comité Especial Antielusión del SII y a una Comisión independiente AntiElusión, descartando a los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) de su conocimiento y del resguardo de los derechos de los contribuyentes en esta materia”.
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