Desde el primero de enero del año pasado, está vigente en el país uno de los principales cambios desde que entró en vigencia el Impuesto al Valor Agregado (IVA), hace 50 años.
En el marco del financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), se estableció que todos los servicios en el país pasarían a estar afectos al gravamen, excepto los que estén explícitamente exentos en la ley, como algunos de transporte, salud y educación, además de los que sean prestados por sociedades de profesionales.
A un año y medio de aquello, hay sectores que aún continúan manifestando problemas en la aplicación de la nueva normativa, acusando incluso discriminación respecto a competidores que no deben recargar el IVA en sus ventas.
Este es el caso de las universidades tradicionales no estatales. Las denominadas G9.
Nelson Vásquez, presidente de la Red G9 y rector de la PUCV.
“El IVA en la práctica disminuirá fuertemente la capacidad de las universidades del G9 para ganar licitaciones u ofrecer competitivamente servicios”.
La agrupación -que considera a casas de estudios como la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Austral, la Universidad Católica del Norte, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Católica del Maule, y la Universidad Católica de la Santísima Concepción- envió una carta a senadores y diputados de las comisiones de Hacienda y Educación de ambas cámaras, solicitando audiencias para exponer lo que definen como complejidades en la implementación del nuevo IVA a los servicios. ¿La principal? Lo que denominan una "discriminación" respecto a las universidades del Estado, las que están exentas del IVA por los servicios que prestan.
"Es importante advertir que, si esta legislación tiene por propósito incrementar la recaudación tributaria, su efecto práctico es potencialmente muy bajo, tanto porque las universidades estatales no pagarán ese impuesto, como por el hecho que el IVA en la práctica disminuirá fuertemente la capacidad de las universidades del G9 para ganar licitaciones u ofrecer competitivamente servicios en los ámbitos en que se deberá pagar IVA", explica el presidente de la Red G9 y rector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Nelson Vásquez.
El académico señala que el reclamo también se fundamenta en la contribución "histórica" de las nueve casas de estudios bajo el paraguas del G9, donde hay dos universidades centenarias, dos casi centenarias y cinco instituciones de educación superior de más 70 años: "Somos miembros fundadores del sistema de educación superior chileno, cuando en Chile existían dos universidades estatales y seis universidades tradicionales. No es posible que después de más de 100 años de servicio al país y a las regiones tengamos que estar dando estas explicaciones. Es una injusticia a nuestros proyectos institucionales históricos", sube el tono.
Efectos económicos y legales
En paralelo a la discusión parlamentaria, las comisiones Económica y Jurídica de la Red G9 están analizando los efectos del nuevo IVA a los servicios, pero desde ya Vásquez señala que se han detectado cuatro impactos: se genera "inequidad" para competir en igualdad de condiciones en licitaciones públicas o privadas para universidades del G9; se "daña y desincentiva" la construcción institucional realizada por universidades públicas no estatales en orden a servir necesidades del país y sus políticas públicas, "dañando sobre todo a las regiones, dada nuestra presencia y vínculos regionales"; se "limita" la posibilidad de cumplir con exigencias para la acreditación institucional de universidades públicas no estatales; y las casas de estudio no estatales reciben un trato "discriminatorio" que "afecta" el principio constitucional de igualdad ante la ley.
Reuniones con autoridades
Vásquez revela que han enviado cartas y solicitado reuniones con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la contralora general (s), Dorothy Pérez, para advertir sobre el impacto de la medida y solicitar que se exima a las tradicionales no estatales del IVA a los servicios.
"Hasta ahora hemos escuchado una disposición muy favorable de varios parlamentarios. Lo mismo ocurre con autoridades educacionales. La decisión en definitiva está en el Ministerio de Hacienda (...). Esperamos tener una buena acogida para abrir el diálogo al respecto y estamos esperanzados en que es posibles alcanzar buenas soluciones", cierra la máxima autoridad de la PUCV.
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